Ante los casos de jubilados con cuentas bancarias vulneradas y préstamos gestionados a su nombre, el doctor “Café” Giménez aseguró que la seguridad de las operaciones bancarias no puede quedar sólo en manos del usuario. Son responsables las entidades que administran las plataformas.
Las estafas virtuales volvieron a ocupar el centro de la columna Consultoría Jurídica, del abogado Edgar “Café” Giménez en PONELE H Radio-TV, pero esta vez con una modalidad particularmente preocupante, la de delincuentes que acceden a los datos de jubilados, ingresan a sus cuentas bancarias y gestionan préstamos a su nombre sin que la víctima siquiera se entere.
El letrado puso el foco en una cuestión que considera fundamental: dejar de asociar automáticamente este tipo de delitos con personas que realizan llamadas desde las cárceles.
“Olvidémonos esa historia de que son de las cárceles”, sostuvo al explicar que actualmente existen organizaciones dedicadas específicamente a este tipo de delitos, con sistemas informáticos preparados para obtener información de sus víctimas y utilizarla posteriormente para concretar operaciones fraudulentas.
La modalidad comienza muchas veces con una llamada telefónica. Los delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de la DPEC, del PAMI, del IPS, del Ministerio de Salud u otros organismos, y, a partir de allí, intentan obtener información de la persona y, en determinadas situaciones, consiguen acceder directamente a su teléfono celular.
Una vez que ingresan al dispositivo, pueden acceder a información personal y bancaria. Según explicó Giménez, primero intentan transferir el dinero disponible en la cuenta y posteriormente gestionar un préstamo utilizando la identidad de la víctima.
El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando el damnificado es un jubilado.
“Son los más vulnerables”, señaló el abogado, quien explicó que una persona que cobra una jubilación mínima puede encontrarse, de un momento para otro, con un préstamo de varios millones de pesos a su nombre.
La víctima muchas veces no participa activamente de la operación y tampoco sabe que el préstamo fue solicitado. Se entera recién cuando aparece el primer descuento.
El daño, entonces, no es solamente económico.
El doctor Giménez remarcó que estas situaciones provocan un fuerte impacto emocional en las víctimas, que pueden quedar en estado de shock al descubrir que alguien utilizó su identidad para comprometer su futuro económico.
Pero hay otro aspecto que el abogado considera central: la responsabilidad de las entidades bancarias.
Si una persona puede ser identificada, ingresar a una plataforma bancaria y obtener un préstamo en apenas unos minutos sin que la entidad pueda comprobar que efectivamente fue ella quien realizó la operación, Giménez entiende que existe un problema de seguridad. Y sostuvo que “lo que falla es la seguridad del banco”.
Para el abogado, la víctima no debe asumir automáticamente la obligación de pagar un préstamo que afirma no haber solicitado. Por el contrario, debe actuar inmediatamente y dejar constancia formal de lo ocurrido.
El primer paso es realizar una denuncia policial y obtener una copia de ella. Luego, esa documentación debe presentarse ante el banco para efectuar también el correspondiente reclamo administrativo.
Giménez remarcó, además, la importancia de solicitar el número de reclamo y pedir el bloqueo de la cuenta mientras se investiga lo sucedido.
La recomendación es actuar rápidamente. La persona damnificada debe dejar asentado que fue víctima de un hackeo y que desconoce la operación crediticia realizada a su nombre.
“Siempre te tienen que dar el número de reclamo”, explicó.
A partir de allí deberá investigarse cómo se produjo la operación y determinar las responsabilidades correspondientes.
El abogado insistió en que una persona víctima de este tipo de fraude no debe sentirse culpable por lo ocurrido. Si delincuentes consiguieron ingresar a sus datos y utilizar la plataforma bancaria para obtener un préstamo sin que la entidad verificara adecuadamente su identidad, existe una cuestión de seguridad que debe ser investigada.
Giménez también llamó la atención sobre el origen de la información utilizada por estas organizaciones. Sin afirmar un origen concreto, señaló que resulta llamativo el nivel de información que manejan los delincuentes sobre sus posibles víctimas.
“¿De dónde sacan la información?”, planteó durante la entrevista, al referirse a los datos específicos que poseen sobre jubilados y clientes bancarios.
Por eso, frente a cualquier llamada telefónica en la que alguien solicite información personal, bancaria o relacionada con beneficios, vacunas, descuentos o trámites, la recomendación es sencilla: cortar la comunicación y verificar personalmente con el organismo correspondiente.
Si alguien dice llamar desde el PAMI, el IPS, la DPEC o cualquier otra institución, la persona no debe entregar datos por teléfono. Lo aconsejable es comunicarse directamente con ese organismo o acercarse personalmente.
La prevención sigue siendo importante, pero Giménez dejó planteada una cuestión todavía más relevante: qué sucede cuando las medidas de seguridad fallan y una persona termina siendo víctima de una operación que nunca realizó.
En esos casos, la víctima tiene derecho a reclamar, denunciar y exigir que se investigue la operación.
Y mientras esa situación se determina, el letrado sostuvo que la persona no debería asumir como propia una deuda cuya contratación desconoce.
El mensaje final de la columna fue claro en cuanto a que “si alguien utilizó nuestra identidad para obtener un préstamo, no somos protagonistas del delito; somos sus víctimas”.
Por eso, ante un caso de estas características, la reacción debe ser inmediata: denuncia policial, reclamo formal ante el banco, número de reclamo, bloqueo de la cuenta y documentación de todo el procedimiento.
La seguridad de las operaciones bancarias no puede quedar exclusivamente en manos del usuario. También existe una responsabilidad de las entidades que administran las plataformas donde esas operaciones se realizan.
