La Cámara baja correntina aprobó, además, el Proyecto de Ley que regula el derecho de comunicación de internos en establecimientos penitenciarios de la provincia. Del mismo modo, también fue girado al Senado la reglamentación del uso de armas de letalidad reducida.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes sancionó hoy con fuerza de Ley (N°6.769) la Declaración de Estado de Emergencia Climática e Hídrica en todo el territorio provincial por el término de 180 días, prorrogable por igual período de mantenerse los eventos críticos climáticos e hídricos derivados de la Corriente “El Niño”, que de manera actual o inminente afecten a los recursos naturales, la seguridad, la propiedad, la producción, el sistema energético, las vías de comunicación, la vida y la integridad de las personas.

Fue durante la sesión 19 del Cuerpo, presida por Eduardo Tassano. Durante la cual el diputado Norberto Ast remarcó la importancia de la iniciativa que fue aprobado por el Senado la semana pasada, habida cuenta de los pronósticos de lluvias para los próximos meses, incluso hasta abril de 2027.
“Estamos sabiendo que las precipitaciones van a continuar en las altas cuencas. Me parece que es tema por todos conocidos que tuvo mucho debate”, sentenció.
“Es importante avanzar por lo que viene sucediendo, sobre todo para aquellas comunas que están en zonas ribereñas, como el caso de Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado, Bella Vista, Goya, Esquina”, afirmó.
Por su parte, el parlamentario Ricardo Leconte fundamentó su voto aclarando que, si bien es contrario a las emergencias, en este caso ameritaba su acompañamiento. Interpretando que “tiene que ver con la situación que pronto vamos a vivir y que necesitamos valuar para poder llevarle soluciones a la gente de Corrientes que va a ver afectada su vida, su patrimonio, sus haciendas, los caminos se pueden llegar a perjudicar y las ciudades pueden llegar a inundarse. Todo eso está previsto. Entonces tenemos que actuar con celeridad”, expresó.
La ley pasó ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia.

Comunicaciones telefónicas en cárceles
Los diputados de la Provincia también otorgaron hoy media sanción al Proyecto de Ley que regula el derecho a comunicación telefónica del que gozan quienes se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios provinciales, para tomar contacto con familiares, amigos, allegados, curadores y abogados, como así también con representantes de organismos e instituciones, oficiales o privadas con personería jurídica que tengan por objeto procurar su reinserción social.
La iniciativa, autoría de la diputada Lorena Lazaroff -que incluye aportes del expediente presentado por el diputado Ricardo Leconte- establece la prohibición del ingreso, tenencia y utilización no autorizada de teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación móvil u otras tecnologías de comunicación inalámbrica dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales, sin perjuicio de las comunicaciones autorizadas conforme al régimen penitenciario vigente.
La legisladora detalló que el objetivo es evitar estafas, puesto que “hoy una de las mayores modalidades delictivas es precisamente el ingreso de telefonía celular de manera ilícita a los establecimientos carcelarios provinciales”, dijo.
En ese marco, detalló que esas modalidades delictivas son precisamente la amenaza, la estafa, el fraude, la extorsión y, en determinado momento, los secuestros virtuales. Situación que, sin lugar a dudas, pone en riesgo en muchas circunstancias a nuestros adultos mayores, a nuestros jóvenes y nosotros desde la legislatura debemos estar a la altura de las circunstancias.
El objetivo fundamental de este proyecto de ley es precisamente evitar que se realicen actos ilícitos dentro de los establecimientos penitenciarios. La finalidad es bloquear las telefonías celulares o dispositivos y controlar esa comunicación que va a ser realizada, por supuesto, por la autoridad competente”, explicó Lazaroff.
El proyecto de ley propone también disponer la instalación y puesta en funcionamiento en todas las unidades penitenciarias provinciales de sistemas tecnológicos de avanzada destinados a la detección fija y remota de dispositivos móviles activos en zonas de detección o áreas de acceso restringido. La autoridad de aplicación determinara las características técnicas, alcances y condiciones de funcionamiento de dichos sistemas.
A partir de la sanción de la futura ley, las comunicaciones telefónicas autorizadas (que tendrán horarios y limitaciones de tiempo) deberán llevarse a cabo estrictamente a través de teléfonos fijos de tecnología analógica controlada bajo resguardo y monitoreo del Servicio Penitenciario, sujetándose, con carácter obligatorio, a una serie de disposiciones.
En el artículo 4° se establece que “los dispositivos de comunicación móvil detectados sin autorización por los sistemas previstos en el artículo 3º se bloquean mediante su identidad internacional de equipo móvil (IMEI) y su identidad internacional de abonado móvil (IMSI), de modo que no puedan operar en las redes de telefonía”, entre otras disposiciones.
“Se prevé severas sanciones los agentes penitenciarios y para quienes infrinjan la futura ley”, acotó el diputado Ricardo Leconte; agradeciendo a la Comisión la incorporación de sus sugerencias.

Armas de letalidad reducida
En la sesión 19 también se aprobó el Proyecto de Ley presentado por el diputado Ricardo Leconte (h) con el objeto de establecer el marco regulatorio para la dotación, portación y uso de Armas de Letalidad Reducida (ALR), la implementación de tecnologías de registro y transparencia operativa, y la tutela laboral e institucional del personal de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Corrientes en ejercicio regular de sus funciones.
“Es un proyecto que viene a darle más seguridad no sólo a la ciudadanía, sino también al personal policial y del Servicio Penitenciario, porque no viene a suplantar las armas reglamentarias que el sistema policial establece. Es una herramienta alternativa e intermedia al uso de la fuerza para no solamente cuidar la vida del supuesto delincuente, sino también la vida de las personas y del personal policial o penitenciario, porque son herramientas intermitentes a al uso de las armas reglamentarias que tienen otro tipo de factores a la salud de las de los ciudadanos”, detalló el legislador.
La futura ley establecerá un catálogo homologado por el Ministerio de Seguridad, un sistema de transparencia, entre otras reglamentaciones.


