El doctor “Café” Giménez analizó el proyecto que buscaba flexibilizar los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en Argentina. Explicó por qué considera que el Estado debe mantener un rol activo en la protección de los recursos naturales, las zonas de frontera y el patrimonio estratégico del país.
Aunque finalmente el capítulo más polémico fue retirado del proyecto que se debatía en el Senado de la Nación, la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros volvió a instalarse en la agenda nacional.
Respecto de ello, en su columna Consultoría Jurídica, en PONELE H Radio-TV, el abogado Edgar “Café” Giménez sostuvo que este tipo de iniciativas reaparece periódicamente impulsada por grandes grupos económicos con capacidad para ejercer presión política, por lo que considera necesario mantener el debate abierto.
Según explicó, la legislación vigente desde 2011 fijó límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque actualmente ya existen más de 13 millones de hectáreas en manos privadas extranjeras.
Para el letrado, la principal preocupación no pasa únicamente por la superficie vendida sino por el tipo de territorio que suele interesar a las grandes inversiones. Y advirtió que uno de los principales recursos en disputa es el agua dulce.
En ese sentido, dijo que numerosas multinacionales proyectan inversiones pensando en las próximas décadas, cuando el acceso al agua potable podría convertirse en uno de los mayores desafíos mundiales. Razón por la cual señaló que existen intereses sobre regiones con lagos, glaciares, ríos permanentes y reservas hídricas estratégicas.
Desde su punto de vista, el Estado debe garantizar que esos recursos permanezcan bajo control nacional para asegurar el abastecimiento de las futuras generaciones.
Otro aspecto destacado durante la incursión de Giménez fue la explotación de minerales estratégicos, especialmente el litio.
Según apuntó, la compra de grandes extensiones de tierra también responde al interés por controlar yacimientos minerales cuya demanda mundial continúa creciendo debido al desarrollo tecnológico y energético.
En ese contexto, sostuvo que el Estado debe proteger esas riquezas porque representan trabajo, desarrollo económico y soberanía para el país.
Asimismo, el letrado libreño puso el foco en las provincias fronterizas. Y consideró que permitir grandes adquisiciones privadas en áreas limítrofes podría dificultar los controles estatales y favorecer actividades ilegales como el contrabando o el narcotráfico.
Por ello, recordó que actualmente existen restricciones específicas para la compra de inmuebles en zonas de frontera, precisamente por razones de seguridad nacional.
Finalmente, Giménez remarcó que no se opone a la inversión extranjera, sino que considera indispensable establecer límites claros y controles efectivos.
A su entender, una vez vendidos determinados territorios estratégicos resulta prácticamente imposible recuperarlos, por lo que insistió en que la protección de los recursos naturales constituye una responsabilidad permanente del Estado argentino.
