La Comisión de Asuntos Constitucionales firmó el dictamen que obliga al Congreso a ratificar los Decretos de Necesidad y Urgencia en un plazo de 90 días, o pierden validez. La Casa Rosada anticipó que Milei vetará la reforma si se aprueba.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo, firmó este martes el dictamen de la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en un contexto de alta tensión política y sindical dentro del Congreso.
Antes de las elecciones del 26 de octubre, la Cámara de Diputados había aprobado la mayoría de las modificaciones sobre los DNU y la legislación delegada, pero no logró sancionar un artículo clave. La votación en ese momento terminó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.
Los bloques opositores impulsaron los cambios introducidos por el Senado en su primera sanción, mientras que el oficialismo bloqueó el punto central, lo que llevó a que el proyecto regresara a la Cámara Alta. Ese artículo fijaba un plazo de 90 días para que el Congreso se expidiera sobre la validez de los DNU.
Ayer, la comisión ratificó ese artículo. Así, el dictamen establece que un DNU deberá ser ratificado expresamente por ambas Cámaras con mayoría absoluta dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si ese plazo vence sin tratamiento, el decreto perderá vigencia.
La decisión fue interpretada como una señal de autonomía del Congreso frente a la Casa Rosada y un intento de recuperar control parlamentario. En el debate, los senadores opositores coincidieron en la necesidad de ponerle un freno al uso discrecional de los DNU.
El proyecto podría llegar al recinto antes del 30 de noviembre, cierre del período parlamentario, y previo al recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando ingresarán nuevas figuras, entre ellas la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que asumirá como senadora y se perfila para conducir el bloque de La Libertad Avanza, con 21 representantes nacionales.
Si la oposición logra convertir en ley la reforma, el presidente Javier Milei la vetará, según anticipan en el Gobierno, ya que considera que los DNU son una herramienta central de su gestión. De todas maneras, la Casa Rosada tendría garantizado el blindaje del veto, dado que las bancadas libertarias y aliadas superan el tercio en ambas cámaras, impidiendo alcanzar los dos tercios necesarios para revertirlo.
Tensión gremial en la Cámara alta
Mientras tanto, el Senado atraviesa un fuerte conflicto entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que lidera Norberto Di Próspero.
El lunes, el sindicato llenó uno de los patios del Congreso con una movilización que denunció “persecución política e ideológica” contra trabajadores de la Cámara Alta.
El conflicto se originó semanas atrás, cuando Recursos Humanos intentó desplazar de su cargo a la histórica directora de Personal, Mónica Nieto.
La APL denunció “aprietes y amenazas de denuncias falsas en Comodoro Py” por parte de dos funcionarias cercanas a Villarruel: Alejandra Figini (Recursos Humanos) y María Eugenia Tasende (Auditoría).
Durante el acto, Di Próspero advirtió que, de continuar las acciones denunciadas, “la próxima medida será tomar el recinto”, y reclamó respeto hacia los trabajadores. “Esta es la gente que hace que haya sesiones, esta es la gente que labura para que usted pueda gestionar. Valórela, no le falte el respeto y no la menosprecie”, expresó dirigiéndose a Villarruel.
Pese al conflicto, la vicepresidenta dispuso una reestructuración administrativa el pasado 30 de octubre, que incluye la recategorización de agentes de las categorías más bajas y el análisis de un premio al presentismo. Falta saber si estas medidas alcanzarán para descomprimir el malestar sindical.
