Según la solicitud, los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso habrían tenido conocimiento de la producción audiovisual.
Luego de que un jurado de enjuiciamiento decidiera destituir a la jueza Julieta Makintach por su polémica participación en el documental que derivó en la anulación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se presentó formalmente el pedido de juicio político para sus colegas en ese proceso, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.
Según la solicitud, los magistrados habrían tenido conocimiento de la producción audiovisual.
El requerimiento fue realizado por el abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho acusadas por el fallecimiento del exfutbolista y la única imputada que será juzgada en un juicio por jurados. El letrado lo presentó este martes ante la Secretaría de Enjuiciamiento del Jurado Permanente de la Provincia de Buenos Aires.
Para Baqué, Savarino y Di Tomasso, titulares del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº3 de San Isidro, incurrieron “en causales de mal desempeño” durante el desarrollo del debate por presunto “homicidio simple con dolo eventual” del exdirector técnico de la Selección Argentina y Gimnasia de La Plata, fallecido el 25 de noviembre de 2020.
El escrito toma como base las grabaciones del 11 de marzo pasado, durante la primera audiencia del fallido proceso, y advirtió sobre un equipo de grabación que ingresó de forma irregular: “Se detectó la presencia de un grupo de cuatro personas en el sector de prensa que no eran periodistas conocidos y que ingresaron con equipo de filmación (cámara, trípode, laptop y ‘anteojos espía’)”.
Además, plantea que los compañeros de Makintach “sabían de la existencia de personas no autorizadas dentro de la sala de debate con cámaras de filmación y permitieron que eso continúe”, al mismo tiempo que, a pesar del escándalo, “no denunciaron esa irregularidad ni dejaron constancia al respecto”. Otra de las acusaciones que se les realiza es que no se notificó de la grabación ni a la Fiscalía, las defensas y los particulares damnificados.
“La doctora Makintach utilizó su cargo para facilitar el acceso de estas personas al tribunal, incluso en días inhábiles, y los jueces denunciados estaban al tanto de estas maniobras”, continúa la denuncia, tal como había señalado en su defensa la ya destituida jueza a lo largo del juicio político que finalizó este martes.
En esa línea, agrega: “Permitieron que Makintach ocupe el rol de presidente del debate, cuando cumplía funciones de subrogancia”, un papel que no llegó a realizar ya que antes fue recusada por la sospecha del documental.
Por este motivo, Baqué aseguró que las conductas de los integrantes del TOC N°3 del departamento judicial de la Zona Norte bonaerense van en línea con las descritas en el artículo 21 de la Ley 13.661, sobre “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes” y “actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone”.
“Toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”, concluye el documento al hablar de las supuestas “graves irregularidades en los procedimientos en los que intervinieron” los jueces apuntados.
La denuncia de Makintach contra Savarino
Los magistrados habían manifestado que la nulidad del primer juicio por la muerte de Maradona -cuyo nuevo debate se postergó para marzo de 2026 luego de la conformación de un nuevo tribunal- fue responsabilidad de Makintach. Las sospechas contra ella comenzaron tras la difusión de imágenes dentro de los tribunales de San Isidro y ofreciendo una entrevista en su despacho, que luego pasaron a formar parte del trailer y el primer capítulo de Justicia Divina, tal como iba a llamarse el documental.
“Resulta claro que la conducta desplegada por la doctora Makintach provocó un perjuicio, tanto para las partes acusadoras, como para las defensas”, afirmó Savarino en su testimonio como testigo durante el Jury contra su colega. En el mismo, la definió como “una mala persona” y la acusó de “engañar y mentir” para llevar adelante la grabación. También manifestó que ni él ni Di Tomasso sabían que había cámaras dentro de la sala para filmar el documental -las únicas habilitadas eran para la transmisión del canal oficial de la Justicia sanisidrense-.
Por ello, la funcionaria judicial destituida lo denunció por presunto “falso testimonio agravado” ya que, según explicó, los dos habrían estado al tanto del proyecto y el equipo de filmación. Makintach también presentó un chat de un grupo de Whatsapp que compartía con ambos y en el cual definían cuestiones vinculadas al caso Maradona en el que les mencionó el tema de las cámaras, pero aparentemente no les confirmó si tenía la autorización para hacerlas ingresar.
Fuente: Perfil
