En el contexto laboral argentino, la protección de los derechos de los trabajadores es una temática central, especialmente en lo referido a la registración laboral. La falta de registración o la registración incorrecta de los empleados sigue siendo un foco de conflictos y sanciones judiciales.
El abogado Edgar “Café” Giménez abordó el tema de las sanciones judiciales por falta de registración laboral, de plena vigencia, en su columna semanal Consultoría Jurídica, en PONELE H Radio-TV.
El reconocido profesional puso de relieve que la legislación laboral contemplaba sanciones específicas para los empleadores que no registraban correctamente a sus trabajadores. Es decir, que no les entregaban recibos de sueldo y no cumplían con los aportes correspondientes.
Esta protección buscaba asegurar que los empleados contaran con beneficios esenciales como aportes jubilatorios, cobertura sindical, obra social y seguro de riesgos de trabajo (ART). La registración laboral era, y sigue siendo, la garantía de acceso a estos derechos básicos.
Impacto de la Ley Bases
Según Giménez, la denominada Ley Bases, impulsada por el Gobierno nacional en el inicio de su gestión, introdujo cambios significativos, anulando sanciones que antes se aplicaban a empleadores por registrar mal o no registrar a sus trabajadores.
De este modo, dejó sin efecto la doble indemnización que se otorgaba en esos casos, eliminando una herramienta clave para la protección del trabajador frente a la informalidad o la registración deficiente.
Ante la vigencia de la Ley Bases, comenzaron a plantearse litigios solicitando la nulidad o inconstitucionalidad de los artículos que eliminaban dichas sanciones. Sin embargo, los tribunales optaron por una vía alternativa: no declaran la inconstitucionalidad, pero sí aplican mecanismos indemnizatorios a través del Código Civil. Lo que implica que los empleadores pueden ser condenados a indemnizar por daños y perjuicios, así como por daño moral, en casos de trabajadores no registrados o mal registrados.
Cada situación es analizada de forma particular, pero esta tendencia ofrece al trabajador una esperanza de reparación frente a abusos laborales.
Los trabajadores no registrados carecen de todo tipo de beneficios y, muchas veces, deben tolerar la situación para no perder el empleo y, por ende, su sustento familiar. Los empleados mal registrados suelen figurar como de media jornada cuando trabajan jornada completa o más.
El doctor Giménez sugirió que, en situaciones de despido sin causa o reclamos, se acuda a un abogado de confianza o al sindicato al que pertenezca el trabajador para iniciar los procedimientos correspondientes. Aunque las sanciones específicas fueron derogadas, los jueces nacionales están implementando nuevas formas de resarcimiento basadas en el Código Civil.
Protección laboral y el rol del Estado
Para el letrado, el Estado debe garantizar y proteger a los trabajadores, ya que estos se encuentran en una posición de debilidad frente al empleador.
A lo largo de la historia, se demostró que la derogación de derechos laborales no fomenta inversiones ni genera más empleo, como se argumentó en experiencias anteriores. Es fundamental que la protección a los trabajadores persista y que los jueces busquen alternativas para evitar el desamparo, incluso cuando se derogan herramientas legales específicas.
En sectores como el trabajo rural, conforme citó Giménez, la necesidad de protección es aún mayor debido a los riesgos inherentes a la actividad. La ausencia de obra social o cobertura de ART expone a los empleados a situaciones de vulnerabilidad extrema, tanto en el lugar de trabajo como en los traslados.
La ley laboral y los seguros de riesgo de trabajo deben proteger a los empleados en todas estas circunstancias.
A pesar de los cambios legislativos y la derogación de sanciones específicas, la Justicia argentina busca nuevas formas de resguardar los derechos de los trabajadores, recurriendo a indemnizaciones por daños y perjuicios.
La protección de los empleados continúa siendo un pilar fundamental, y es clave mantenerse informado sobre los mecanismos actuales de defensa ante situaciones de informalidad o registración incorrecta.
