Reclaman la creación de fiscalías rurales y advierten sobre el crecimiento de los delitos rurales y el riesgo sanitario. María Marta Batalla, de la Sociedad Rural de Libres, dio detalles de la crítica realidad de los productores rurales de la zona.
Productores rurales de la Costa del Río Uruguay de provincia de Corrientes volvieron a manifestar su profunda preocupación por el avance del delito rural y la falta de respuestas rápidas de la Justicia, a casi 20 años de la sanción de una ley que ordena la creación de fiscalías rurales especializadas, que aún no fue aplicada en las circunscripciones.
La situación tomó mayor visibilidad tras la difusión del reclamo en medios provinciales y nacionales, lo que reavivó el debate sobre la parsimonia judicial y la vulnerabilidad del sector productivo.
“Sentimos que el delito rural es tomado como un delito menor, y no lo es”, afirmó María Marta Batalla, integrante de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, en diálogo con PONELE H Radio-TV.
La ley provincial Nº5.691, sancionada en 2005, establece la creación de fiscalías rurales en cada circunscripción judicial de la provincia, con fiscales especializados en delitos rurales y ambientales. Sin embargo, en esta provincia estos delitos siguen siendo tratados por fiscalías ordinarias.
“A 20 años de la ley, Paso de los Libres sigue sin fiscalía rural”, señaló la dirigente ruralista en el programa de la primera mañana de FM Atlántida.
Esto provoca demoras en allanamientos, investigaciones y medidas urgentes, en delitos que requieren rapidez para evitar la desaparición de pruebas y la comercialización ilegal de la hacienda robada.
Abigeato organizado y fronterizo
Los productores advierten que el abigeato dejó de ser un delito ocasional para convertirse en una actividad organizada, con redes que operan incluso a nivel internacional.
“Nadie roba 50 cabezas de ganado para comer. Estamos hablando de organizaciones criminales”, remarcó Batalla.
En algunas zonas, los robos tienen vínculos con Brasil y Paraguay, mientras que en otras -como Paso de los Libres- predominan estructuras delictivas locales, con familias dedicadas de manera sistemática al delito.
“Puerta giratoria” y causas que no avanzan
Como representante de la Rural libreña, María Marta Batalla cuestionó duramente la lentitud de la Justicia, especialmente en la autorización de allanamientos, incluso en casos flagrantes.
“Hay delitos donde se espera 48 horas o más por una orden de allanamiento, y a veces nunca llega”, denunció.
Aunque destacó el trabajo de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), señalaron que el problema surge cuando las causas llegan al ámbito judicial.
“La Policía trabaja bien, pero cuando la causa se judicializa, todo se frena”, aseveró Batalla.
Pérdidas económicas y riesgo vial
El daño no se limita al robo de animales. Los productores también sufren la rotura de alambrados, con costos millonarios, y el riesgo de accidentes viales.
“Cien metros de alambrado hoy cuesta alrededor de un millón de pesos”, explicó en tal sentido la productora ganadera.
La rotura deliberada de cercos deja animales sueltos sobre rutas muy transitadas, exponiendo a productores a responsabilidades civiles y a la población a accidentes graves.
Riesgo sanitario por carne ilegal
Otro punto crítico es el impacto sanitario del delito rural; pues parte de la carne robada se comercializa fuera de los controles oficiales.
“La gente consume carne sin saber si es apta para consumo humano”, alertó María Marta Batalla; teniendo en cuenta que los animales robados pueden estar bajo tratamientos veterinarios o períodos de carencia, lo que vuelve peligrosa su faena clandestina.
Además, hizo especial mención de que la inseguridad rural ya está generando consecuencias estructurales, como abandono de campos, cambio de actividad productiva y desaparición de rubros como la producción ovina.
“Hay productores que dejaron de criar ganado y otros que abandonaron directamente sus campos”, indicó la dirigente de la Sociedad Rural de Libres.
En algunas zonas, los campos no logran venderse ni alquilarse desde hace años debido a la inseguridad.
Reclamo a los tres poderes del Estado
Es así que, desde la Sociedad Rural, insisten en que los productores ya cumplen su rol y reclaman que el Estado haga lo propio.
“Nosotros producimos, pero no podemos investigar, perseguir delincuentes ni poner en riesgo a nuestras familias”, afirmó Batalla. Y también advirtió sobre amenazas a productores y el impacto del delito en la seguridad familiar.
Asimismo, las entidades rurales reiteraron el pedido de aplicación efectiva de la ley, creación de fiscalías rurales, respuestas judiciales ágiles y políticas integrales contra el delito rural.
“Los delitos no siempre se pueden evitar, pero sí se pueden combatir. Lo inadmisible es que no se haga nada”, demandó María Marta Batalla para concluir.
