Se debe al modo en que fue ejecutado el borrado del dispositivo.
Los mensajes y archivos eliminados del celular del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no podrán ser recuperados
Así lo confirmaron los peritos al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, responsables de la investigación sobre el presunto pago de coimas dentro del organismo.
De acuerdo con fuentes judiciales, el motivo de la imposibilidad de recuperación se debe al modo en que fue ejecutado el borrado del dispositivo.
El informe provino de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que intervino en los peritajes.
El procedimiento se remonta a dos semanas atrás, cuando Spagnuolo fue allanado en su vivienda de un country en Pilar. En esa oportunidad se incautaron dos teléfonos. Ambos fueron entregados apagados y sin brindar las claves de acceso. Uno de ellos estaba en desuso y sin información de valor.
El principal celular fue sometido a una copia completa de su contenido. Según el análisis de los técnicos, no apareció material útil para la investigación. Se hallaron, en cambio, múltiples conversaciones borradas, entre ellas con el presidente Javier Milei, a quien Spagnuolo asesoró como abogado en varias causas, y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En los audios divulgados, el exfuncionario también mencionó en el presunto esquema de sobornos a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina en Casa Rosada.
Otro de los dispositivos examinados fue el de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como recaudadora de las coimas. El aparato resultó inaccesible ya que se trata de un modelo de última generación y Kovalivker no proporcionó la clave de desbloqueo.
Para ayer estaba programada la revisión de tres teléfonos más: los de Eduardo y Jonathan Kovalivker, y el de Daniel Garbellini, quien fue segundo de Spagnuolo en ANDIS. Eduardo es padre de Emmanuel y Jonathan, y aunque figura como socio de la droguería, se encuentra alejado de la gestión diaria de la firma.
Las expectativas sobre esos aparatos son limitadas. Tanto Eduardo como Jonathan Kovalivker evitaron el secuestro inicial de sus móviles. Jonathan incluso escapó del barrio Nordelta cuando la Policía porteña llegó a buscarlo. Días más tarde ambos se presentaron en tribunales, pero entregaron los dispositivos apagados y sin clave.
Garbellini, en cambio, sí facilitó el acceso a su celular, lo que permitirá a los peritos extraer información. Sin embargo, los investigadores anticipan que no surgirán hallazgos significativos, ya que el secuestro se produjo cuando la causa ya había tomado estado público, lo que le dio margen para eliminar datos comprometidos.
Todos los implicados ya cuentan con representación legal. El último en designar abogado fue Garbellini, que nombró a Agustín Biancardi. Ninguno, hasta el momento, pudo acceder al expediente, que permanece bajo secreto de sumario prorrogado por el juez Casanello por otros diez días hábiles.
En paralelo, la defensa de los Kovalivker, encabezada por Martín Magram, solicitó la nulidad del proceso. Argumentó que se inició a partir de audios de procedencia desconocida y que debería aplicarse el principio de cosa juzgada, dado que el año pasado la droguería ya había sido investigada por sus contratos con ANDIS y aquella causa fue archivada.
A raíz de ese planteo, se abrieron incidentes procesales para que todas las partes involucradas —las defensas, el fiscal Picardi y la ONG Poder Ciudadano, aceptada como querellante— presenten su posición, tras lo cual el juez Casanello deberá resolver.
A24
