Dos decisiones adoptadas por la Administración de Donald Trump llevaron a su ápice a la crisis diplomática entre Estados Unidos y Brasil. Primero, fue el anuncio de sanciones financieras contra la esposa del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, la abogada Viviane Barci de Moraes. Poco después, el Palacio del Planalto fue informado por Washington sobre la suspensión de la visa para ingresar en territorio americano del Abogado General de la Unión, Jorge Messias.
Se supo, además, que la lista de personalidades y funcionarios que no podrán viajar a EE.UU incluyen al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues y al comisario de la PF Fabio Schor, responsable por la investigación del intento de golpe de Estado tramado por Jair Bolsonaro y sus aliados para el 8 de enero de 2023.
En el Palacio del Planalto, eran aguardadas esas inhabilitaciones; más aún, esperan que sean avisadas nuevas cancelaciones de visas. Esta praxis norteamericana ya fue aplicada a varios ministros de la comitiva que acompaña al presidente Lula da Silva en su viaje a Nueva York para participar de la asamblea general de las Naciones Unidas.
No dejan de ser relevantes las explicaciones oficiales ofrecidas por el equipo de Donaldo Trump para justificar las penalizaciones sufridas por la señora Viviane Barci: “Alexandre de Moraes es responsable por una campaña opresiva de censura, de detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, contra el expresidente Jair Bolsonaro” explicó el secretario del Tesoro Scott Bessent. “La acción de hoy deja claro que continuaremos a perseguir individuos que provean apoyo material al juez Moraes, en cuanto él continúe violando los derechos humanos” concluyó.
En un comunicado, el Supremo Tribunal Federal (STF) advirtió, a modo de réplica, que “la independencia del sistema judicial, el coraje institucional y la defensa de la soberanía nacional son parte del universo republicano de los jueces brasileños. Estos no aceptarán coacciones ni obstrucciones al ejercicio de su misión constitucional”. También reaccionó el gobierno de Lula da Silva al manifestar “profunda indignación” del castigo aplicado y señalar que “el gobierno de Estados Unidos intentó justificar la tentativa de injerencia indebida en asuntos internos”.
Para Itamaraty, la cancillería brasileña, la nueva agresión contra la soberanía del país sudamericano “no logrará su objetivo”, que es el de beneficiar aquellos que lideraron la frustrada tentativa de golpe, para garantizar la continuidad de Bolsonaro en el poder. En realidad, la ofensiva de Trump dirigida contra Lula, tiene como eje obligar a Brasilia a amnistiar al ex mandatario, condenado por la Corte a 27 años de prisión.
Hasta ahora, esa actitud lo único que ha logrado es el rechazo abierto de los brasileños y, lejos de perjudicar al jefe de Estado actual, lo ha beneficiado con un aumento en su popularidad
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