Una dirigente cuestionó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y responsabilizó a Milei y Sturzenegger por las consecuencias de la medida.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, por las consecuencias que podría generar la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Según advirtió, la disolución de este organismo clave en el mantenimiento de las rutas nacionales podría derivar en un colapso del sistema vial argentino.
El Gobierno dispuso, mediante decreto, suprimir la DNV y transferir sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Para Aleñá, esta medida representa una “decisión profundamente ideológica” que apunta a desmantelar el Estado y avanzar hacia una lógica privatizadora.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Este decreto está diseñado para hacer negocios, igual que cuando desviaron el Impuesto a los Combustibles para otros fines que no fueron las rutas”, denunció.
La dirigente advirtió que esta medida deja en la calle a más de 5.500 trabajadores, deja sin mantenimiento 118 rutas nacionales y afecta más de 40.000 kilómetros de red vial. También cuestionó la transferencia de edificios, maquinaria y otros bienes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que consideró como “negociados con el patrimonio de todos los argentinos.
No es una simple reorganización administrativa, como dice el Gobierno. Es el desmantelamiento del aparato técnico del Estado en favor de un modelo centralizado y orientado a la tercerización y privatización de funciones”, afirmó.
Aleñá desmintió los fundamentos del decreto, que califican a Vialidad como un organismo sobredimensionado y de escasa eficiencia. “Dicen que solo desmalezamos banquinas, cuando en realidad realizamos tareas de bacheo, repavimentación, señalización, control de peso, mantenimiento invernal y muchas más”, explicó.
Además, denunció un vaciamiento deliberado en los últimos meses que deterioró el funcionamiento del organismo, lo cual hoy es utilizado como excusa para justificar su eliminación.
También cuestionó la visión del Gobierno que presenta al sector privado como sinónimo de eficiencia. “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario. Las contrataciones privadas no garantizan ni eficiencia ni transparencia. El control estatal es irremplazable”, sostuvo.
La secretaria general del gremio vial también criticó que las decisiones sobre rutas pasen ahora al Ministerio de Economía, lo que, según dijo, “aleja la planificación de los territorios y debilita el carácter técnico y federal de la obra pública”.
En ese sentido, sostuvo que la nueva agencia creada por el Gobierno responde a una lógica fiscalista, sin participación parlamentaria ni respeto por los derechos laborales vigentes.
“El Estado pierde capacidad para planificar obras estratégicas basadas en las necesidades reales de la población. Lo que se impone ahora es una lógica de mercado, donde las inversiones se harán según rentabilidad, no por necesidad social o conectividad federal”, remarcó.
Impacto en las provincias y el empleo público
Finalmente, Aleñá alertó sobre que la desaparición de la DNV también implica la pérdida de capacidades de control y fiscalización sobre la obra pública. “Vialidad tenía funciones de auditoría, certificación y control de calidad. Sin ella, el Estado queda inerme frente a posibles irregularidades”, alertó.
Y concluyó apuntando que “cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados. Esto no solo compromete la seguridad vial, sino también la economía local y el empleo público. Están dejando a la Argentina sin soberanía vial”.
