El máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires le otorgó una licencia compulsiva de 90 días a la magistrada que participó en una filmación mientras intervenía en el juicio por la muerte del Diez.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió otorgar una licencia obligatoria de 90 días a la jueza Julieta Makintach, luego de su controvertida participación en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Makintach había quedado en el centro de la polémica por su rol en un documental que se grababa mientras subrogaba una vacante en el Tribunal Oral N°3 de San Isidro, motivo por el cual presentó su renuncia a ese proceso. Actualmente, se desempeña como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 del mismo departamento judicial.

La decisión del máximo tribunal provincial implica, además, el traslado del expediente al procurador general Julio Conte Grand. En un comunicado, la Corte explicó que “por la naturaleza de los hechos involucrados y la urgencia del caso”, se remitió el caso para que se evalúe su conducta “en los términos de la Ley N°13.661” de enjuiciamiento de magistrados y “en orden a la pertinencia de la acusación de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Provincial”.

En paralelo, la jueza podría enfrentar un Jury, ya que tiene al menos tres pedidos de juicio político en su contra a raíz del episodio.

La resolución lleva las firmas de Hilda Kogan, presidenta del tribunal; Sergio Gabriel Torres, vicepresidente; y Daniel Fernando Soria, ministro de la Corte.

“El análisis inicial de los antecedentes puestos de relieve y la presentación efectuada por la Subsecretaria de Control Disciplinario del Tribunal, permiten advertir las características inusitadas de la participación que habría tenido la mencionada magistrada en un film o video, supuestamente documental, referido al proceso penal correspondiente a la Causa Nº5.628 “Almirón Ricardo Omar, Perroni Mariano Ariel, Forlini Nancy Edith, Díaz Carlos Angel, Cosachov Agustina, Luque Leopoldo Luciano, Madrid Dahiana Gisela y Dispagna Pedro Pablo s/ homicidio”, a cuyo desarrollo ajustado a derecho debía destinar su excluyente atención, pues sobre ellas habría de sentenciar”, señalaron.