En contextos de crisis recurrentes, endeudamiento crónico y desigualdad creciente, resulta útil volver a una tradición frecuentemente ausente del debate público: la doctrina social de la Iglesia.
Por Noel Breard (*)
Mucho antes de que se hablara de finanzas depredadoras o concentración estructural de riqueza, las encíclicas Rerum Novarum de León XIII (1891) y Quadragesimo Anno de Pío XI (1931) ofrecieron una crítica profunda tanto al liberalismo económico extremo como al socialismo estatista.
León XIII analiza el surgimiento del capitalismo industrial moderno y advierte que la libertad económica sin justicia social deriva en el dominio del fuerte sobre el débil. Expresaba que trabajo humano no es una mercancía y la lógica que convierte al hombre en costo y a la pobreza en daño colateral resulta moralmente inaceptable. Su crítica no rechaza la propiedad privada, sino su uso sin función social, y señala tempranamente la desigualdad estructural generada por un mercado sin reglas.
Al mismo tiempo, rechaza el socialismo por absolutizar al Estado, suprimir la propiedad privada y reducir al individuo a un engranaje del poder público. Allí donde todo pertenece al Estado, la libertad y la dignidad se debilitan.
Cuarenta años después, Pío XI profundiza ese diagnóstico en un mundo golpeado por la gran depresión y el avance de los totalitarismos. Denunció la concentración del poder económico y financiero en pocas manos, la subordinación de la política al dinero y una verdadera dictadura económica. La competencia descontrolada, adviertió, conduce a monopolios, exclusión social y crisis recurrentes, mientras los Estados terminan socializando pérdidas y privatizando ganancias.
La enseñanza común de ambas encíclicas es clara: ni mercado absoluto ni Estado absoluto. La economía debe estar subordinada al bien común, la propiedad privada existe, pero con función social; el salario debe ser justo y el Estado debe regular el poder económico, no servirle.
Esta mirada anticipó conclusiones a las que luego llegarían pensadores como Karl Polanyi, Joseph Schumpeter o Thomas Piketty, quienes demostraron que el capitalismo sin correcciones institucionales tiende a destruir el tejido social y concentrar la riqueza.
En la Argentina actual, atrapada entre la fe ciega en el mercado financiero y estatismos ineficientes, estas reflexiones conservan plena vigencia. El liberalismo extremo promueve la valorización financiera y la destrucción del empleo, mientras que el estatismo mal entendido ha generado inflación, burocracia y estancamiento. En el medio, la economía real se debilita, las pymes se asfixian y las provincias pierden recursos y autonomía.
Las encíclicas recuerdan que el desarrollo no es automático: se construye con instituciones que orienten el capital hacia la producción, protejan el trabajo y eviten la concentración económica y territorial. Cuando la economía se organiza solo en función de la ganancia, rompe comunidades, debilita la democracia y empobrece a las sociedades.
La advertencia sigue siendo tan simple como vigente: no hay libertad real en sociedades empobrecidas ni dignidad humana en sistemas donde el dinero o el Estado lo controlan todo. El verdadero desafío es construir una economía al servicio de la persona, del trabajo, de la producción y del bien común.
(*) Senador Provincial UCR Corrientes.
