Axel Kicillof reunió a intendentes, legisladores y funcionarios en La Plata para exigir la aprobación de la ley de financiamiento que aún espera tratamiento en la Legislatura bonaerense. El Gobernador denunció una “asfixia financiera ilegal” por parte del gobierno de Javier Milei y alertó sobre el impacto que la recesión y el recorte de fondos tiene en la administración provincial.
La convocatoria se dio a casi un mes de haber presentado el paquete de leyes económicas para 2026, del cual sólo fueron aprobados el Presupuesto y la Ley Impositiva. La tercera pieza -la autorización para tomar financiamiento y renovar vencimientos- quedó pendiente.
“Sé que no son tiempos sencillos, sé que no son tiempos normales, pero justamente por eso estamos hoy reunidos”, aseveró Kicillof.
El Gobernador bonaerense citó el artículo primero del Presupuesto, que declara la “emergencia económica” en Provincia y municipios ante “la profunda recesión y el incumplimiento por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas”. Según planteó, la caída de la actividad golpeó “a prácticamente todos los sectores”.
Kicillof detalló que, desde la implementación del plan económico nacional, la actividad en territorio bonaerense cayó un 5,7%, la industria 10%, la construcción 25% y el comercio 8%. A eso sumó la pérdida de 172.000 puestos de trabajo y el cierre de 5.000 empresas sólo en la provincia.
“Prácticamente no hay ningún sector que haya quedado igual y menos todavía que haya mejorado”, describió, enumerando casos recientes en textiles, alimentos, laboratorios, neumáticos, pesca y cerámicas.
La combinación de salarios deteriorados, subas tarifarias y endeudamiento familiar, dijo, se traduce en una mayor demanda sobre el sistema público. “La gente no puede pagar el mínimo de la tarjeta, no puede pagar la deuda”, señaló. Y remarcó que la intermediación financiera —“una actividad que no representa trabajo ni producción”— fue lo único que sostuvo las estadísticas nacionales, lo que a su juicio distorsionó la medición oficial para evitar declarar la recesión.
El reclamo
El eje central del discurso fue la acusación al Gobierno nacional por la retención de partidas que, aseguró, están garantizadas por ley. “Se han quitado, se han detraído recursos obligatorios que corresponden a la provincia”, señaló. Y mencionó fondos de seguridad, transporte, cajas previsionales, jubilaciones e incentivo docente.
Kicillof afirmó que la Provincia contabiliza una deuda acumulada de Nación equivalente a 13 billones de pesos -“13 millones de millones”, remarcó- y que la caída de recaudación asociada a la recesión y a medidas sin consulta previa suma otros 3,6 billones. “Estamos hablando de 9.000 millones de dólares en un concepto y 1.500 en otro”, puntualizó.
A pesar de ese escenario, destacó que la gestión continuó obras, programas alimentarios y la asistencia sanitaria: “Si la provincia no se derrumbó (…) es porque se ha decidido priorizar y trabajar con muchísima dedicación, con planificación y con sensibilidad”.
Kicillof también defendió la administración provincial frente a los cuestionamientos por el nivel de gasto. Recordó que Buenos Aires “es la provincia más austera del país” y que tiene el menor gasto público por habitante y uno de los Estados más chicos en relación a su población. “Desafío a cualquiera de los que hablan pavadas”, dijo, al remarcar que los recursos disponibles resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis y la caída de la recaudación.
“No estamos pidiendo fondos extraordinarios”
El Gobernador insistió en que el pedido de financiamiento no implica nueva deuda. “No estamos pidiendo fondos extraordinarios, no estamos pidiendo nada diferente de lo que necesitan las provincias para sostener su funcionamiento”, afirmó. Señaló que la deuda bonaerense bajó del 9% al 6% del producto geográfico y que la carga de intereses en el Presupuesto cayó del 7,8% al 3%.
“Se trata de cubrir los vencimientos”, sintetizó, marcando como contraste la reciente colocación de USD 600 millones por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Y subrayó que, sin la ley, Provincia estaría forzada a “detraer recursos de salud, educación y áreas esenciales”.
Kicillof anunció que el 8% del total del financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios. Para dar certidumbre, adelantó un piso garantizado de alrededor de 250.000 millones de pesos, en cinco pagos fijos hasta junio de 2026. “Los municipios necesitan previsibilidad”, expuso.
En privado, varios jefes comunales advirtieron dificultades crecientes para afrontar gastos corrientes y el pago de aguinaldos, algo que el gobernador atribuyó a la caída de la actividad, de la recaudación y al aumento de la demanda social. “Cada vez más vecinos recurren al Estado porque ya no pueden sostener gastos que antes cubrían por su cuenta”, contó.
El Mandatario llamó a la Legislatura a votar la ley esta semana. “La legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social”, planteó. Y volvió sobre su denuncia política central: “No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos con recursos que se detraigan de salud o educación”.
Con un mensaje directo a los bloques opositores, concluyó: “Con sinceridad, con firmeza y con convicción democrática, le pido a la Legislatura que apoye esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Es por nuestra provincia, por la historia y sobre todo por el futuro”.
Con información de Perfil
