El doctor “Café” Giménez explicó que se configura cuando una persona convence, persuade o impulsa a otras a cometer una conducta prohibida por la ley. Destacó que la expansión de las redes sociales multiplicó el alcance de ciertos mensajes y la responsabilidad de quienes poseen una gran capacidad de influencia sobre el público.
En una nueva edición de su columna Consultoría Jurídica, en PONELE H Radio-TV, el abogado Edgar “Café” Giménez abordó un tema de creciente actualidad en tiempos de redes sociales e influencers: la instigación al delito, una figura penal que sanciona a quienes inducen públicamente a otras personas a cometer actos ilícitos.
Durante su exposición, el letrado explicó que este delito se configura cuando una persona convence, persuade o impulsa a otras a cometer una conducta prohibida por la ley. Y destacó que la expansión de las redes sociales multiplicó el alcance de ciertos mensajes y, con ello, la responsabilidad de quienes poseen una gran capacidad de influencia sobre el público.
“Hoy existen personas que tienen cientos de miles o incluso millones de seguidores. Cuando utilizan esa influencia para promover conductas ilegales, pueden estar incurriendo en el delito de instigación”, explicó Giménez.
Según señaló, la sola acción de incitar públicamente a cometer un delito ya puede constituir una conducta sancionable, independientemente de que el hecho finalmente llegue o no a concretarse.
El abogado remarcó que las plataformas digitales generaron nuevos desafíos para el derecho penal, debido a la velocidad con que circulan los mensajes y a la facilidad para llegar a grandes cantidades de personas.
“Las redes sociales tienen una llegada masiva y, muchas veces, existe poca conciencia sobre las consecuencias legales de determinados mensajes”, advirtió.
Y, como ejemplo, mencionó situaciones en las que se promueven saqueos, actos vandálicos, agresiones colectivas o cualquier otra conducta delictiva dirigida a un grupo amplio de personas.
Hechos recientes
Durante la charla también se hizo referencia a hechos recientes vinculados con amenazas, convocatorias violentas y mensajes llamando a balaceras en las escuelas difundidos a través de plataformas digitales que generaron alarma social.
En tal sentido, el doctor “Café” Giménez explicó que este tipo de situaciones pueden encuadrarse dentro de la instigación al delito cuando existe una convocatoria pública destinada a promover acciones ilegales.
Asimismo, recordó casos en los que vecinos, impulsados por la indignación frente a delitos graves, terminan actuando por mano propia tras recibir mensajes o convocatorias que fomentan ese accionar.
“La Justicia busca evitar precisamente que las personas reemplacen al sistema judicial y tomen decisiones impulsadas por la emoción o la violencia”, sostuvo.
El especialista aclaró que las sanciones dependen de la gravedad del delito que se intenta promover y de si la conducta finalmente se concreta.
“No es lo mismo una convocatoria para provocar disturbios que una incitación relacionada con hechos mucho más graves. Cada situación debe analizarse de acuerdo con el delito que se intenta provocar”, explicó.
Además, señaló que quien instiga puede enfrentar responsabilidades penales incluso cuando no participa directamente en la ejecución material de los hechos.
Diferencia entre instigación y planificación
Uno de los puntos aclarados fue la diferencia entre la instigación pública y la planificación privada de un delito.
Mientras que la instigación implica un llamado público o masivo destinado a influir sobre otras personas, los acuerdos privados para cometer un delito forman parte de otras figuras jurídicas previstas por la legislación penal.
“La instigación requiere una convocatoria pública, una influencia dirigida a un grupo de personas o a una audiencia amplia”, indicó Giménez.
Y, finalmente, advirtió sobre la importancia de utilizar las redes sociales con responsabilidad y de comprender que la libertad de expresión no habilita a promover conductas ilegales.
“Opinar es un derecho. Lo que no puede hacerse es utilizar esa capacidad de influencia para alentar delitos o generar situaciones que pongan en riesgo a otras personas”, afirmó el abogado.
Al final, señaló que la evolución de las plataformas digitales plantea nuevos desafíos para la legislación y que resulta fundamental avanzar en mecanismos que permitan compatibilizar la libertad de expresión con la responsabilidad que implica comunicar ante audiencias masivas.
