Se trata de los sacerdotes Joaquin Nuñez y Gianfranco Testa, de las parroquias de las ciudades chaqueñas de Quitilipi y Machagai, detenidos por razones políticas en 1974.
La Jueza Federal N°1 Zunilda Niremperger citó a indagatoria para hoy al suboficial de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados, considerados crímenes de lesa humanidad, contra los sacerdotes Joaquín Nuñez y Gianfranco Testa, por hechos ocurridos en el año 1974 en la Alcaidía de la ciudad de Sáenz Peña.
En los inicios de los años 70, los sacerdotes Nuñez y Testa pertenecieron originalmente al Movimiento Rural Católico y luego acompañaron la conformación de Las Ligas Agrarias, integradas por pequeños productores, el intento de conformar el gremio Sindicato Único de Obreros Rurales (SUDOR) -posteriormente UATRE- y la incipiente Federación de Aborígenes del Chaco.
Los sacerdotes Joaquín Nuñez, de la parroquia de Quitilipi, y Gianfranco Testa, de la parroquia de Machagai, fueron detenidos por la Policial del Chaco el 14 y el 15 de abril de 1974, y trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña; donde fueron torturados por una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, encabezada por el jefe y el subjefe, comisarios Carlos Alcides Thomas y Wenceslao Ceniquel; además del suboficial Gabino Manader y el agente José María Cardozo.
Los policías Thomas, Ceniquel y Cardozo se encuentran fallecidos.
La reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía Federal se asienta en los relatos de las víctimas, declaraciones de otros detenidos, testimonios de las monjas Nuria Puiggros Sampere, Ruth Ligia María Rodríguez y Epifanía Ceferina Neira, además de actuaciones judiciales e informes médicos de la época.
El padre Joaquín Nuñez, de la orden de los Franciscanos, estuvo cinco años detenido en la Alcaidía Policial de Resistencia y en las Cárceles Federales U7, Rawson, Devoto y La Plata. En 1986 constituyó la parroquia de Caacupé, en el humilde barrio “Bella Vista”, de Rosario; donde realizó un importante trabajo social durante muchos años.
Actualmente está alojado en un Gerontocomio de la Congregación de los Franciscanos.
Por su parte, el padre Gianfranco Testa, integrante de la Orden los Misioneros de la Comnsolata, estuvo detenido alojado en la Alcaidía de Resistencia y en la Cárcel Federal U7, y, por su nacionalidad italiana, fue expulsado del país por el presidente de facto Jorge Rafael Videla en 1978.
Ejerció luego el sacerdocio en Nicaragua y Colombia, y actualmente reside en Italia
Causa Ligas Agrarias
El 25 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia juzgó a los responsables de los asesinatos de los dirigentes de las Ligas Agrarias Eduardo Ñaro Gómez Estigarribia (1977) y Carlos Piccol (1979), y por tormentos a los trabajadores rurales Santos e Hipólito Brítez y Modesto Meza (1976).
El Tribunal condenó al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, y al policía Alcides Sanferraiter a la pena de prisión perpetua por los asesinatos; al comisario Rodríguez Valiente, por el encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes liguistas antes nombrados bajo el montaje de un “enfrentamiento”; y al comisario general Eduardo Wischnivetzky a 18 años de prisión por los tormentos a trabajadores.
En los fundamentos de esta sentencia, el Tribunal Oral habló del papel del movimiento rural en la defensa de los derechos de las familias campesinas: “Las Ligas Agrarias -desarrolladas en las provincias del Nordeste, en particular- se apoyaban en el factor de marginalidad que poseían los pequeños productores, campesinos y trabajadores rurales en el contexto de la sociedad capitalista vigente.
Las Ligas Agrarias representaron entonces un gran sector de productores rurales, tanto colonos como campesinos que, viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los años ’70, colocando al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años”.
En otra parte de la Resolución Judicial se refiere al rol del Ejército en operativos de represión ilegal: “El Ejército Argentino, como parte de su pregonado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ (1976-1983) movilizó efectivos al interior de Chaco, incluidos también los cuadros de la Policía provincial, que por normativas de facto vigentes en la época les estaban subordinados.
En lo que se conoció como lucha contra la subversión y en la persecución de los consideraban elementos hostiles -de suyo, en la práctica así fueron considerados los miembros de Ligas Agrarias- se ejecutaron operaciones que implicaron el hostigamiento, la represión, desaparición y muerte de parte de trabajadores rurales, pequeños productores, sus militantes y dirigentes”.
El mismo Tribunal juzgó también, y condenó a los responsables de casos de dirigentes y militantes de las Ligas Agrarias torturados y asesinados en las causas Masacre de Margarita Belén (2011), Caballero 1 (2010), Caballero 2 (2018) y Caballero 3 (2021).
Asimismo, por una investigación realizada por la justicia federal del Chaco, el Tribunal Oral Federal de San Martin condenó a militares del Batallón 601, por las desapariciones de los dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco Hugo Vocouber, Luis Alberto Fleitas y Armando Molina.