En su incursión semanal en PONELE H Radio-TV, el doctor “Café” Giménez desmenuzó el tema de las fotomultas, poniendo de relieve que una infracción de tránsito no debería tener únicamente una finalidad sancionatoria o recaudatoria, sino fundamentalmente preventiva.
En una nueva entrega de su columna “Consultoría Jurídica”, en PONELE H Radio-TV, el abogado Edgar “Café” Giménez analizó una problemática que genera cada vez más reclamos entre los conductores: las fotomultas y las posibles irregularidades en su aplicación.
Durante su exposición, Giménez explicó que, si bien las fotomultas están contempladas dentro de los mecanismos de control vial, su implementación debe ajustarse estrictamente a los procedimientos establecidos por la legislación nacional.
Según destacó el letrado, una infracción de tránsito no debería tener únicamente una finalidad sancionatoria o recaudatoria, sino fundamentalmente preventiva.
“La ley establece procedimientos que deben garantizar la identificación del conductor, la notificación de la infracción y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”, señaló. Y en ese sentido sostuvo que una de las principales críticas a numerosos sistemas de fotomultas es que muchas veces los conductores recién toman conocimiento de la supuesta infracción meses después, cuando intentan renovar la licencia de conducir, vender un vehículo o realizar algún trámite administrativo.
“Si una persona no fue debidamente notificada, difícilmente pueda defenderse o explicar las circunstancias de la infracción”, afirmó el doctor Giménez.
¿Prevención o recaudación?
Uno de los puntos más cuestionados durante el abordaje del tema fue la ubicación de ciertos radares y cámaras de control, especialmente en rutas nacionales y provinciales.
Para Giménez, cuando no existe una adecuada señalización o cuando los controles se ubican en lugares donde resulta difícil adecuar la velocidad en pocos metros, surge la sospecha de que el objetivo principal deja de ser la prevención de accidentes.
“La función de una multa debería ser evitar conductas riesgosas, no sorprender al conductor para recaudar dinero”, destacó.
El abogado remarcó, además, que muchas veces las sanciones llegan acompañadas de intimaciones provenientes de estudios jurídicos que ofrecen reducciones o facilidades de pago, lo que refuerza la percepción de un sistema orientado más a la cobranza que a la educación vial.
La discusión sobre la constitucionalidad
Giménez recordó que distintos tribunales del país cuestionaron procedimientos de fotomultas cuando se vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos.
Uno de los aspectos centrales es que, en numerosas ocasiones, la infracción se atribuye automáticamente al titular registral del vehículo sin identificar quién conducía efectivamente al momento de la supuesta falta.
“No siempre quien maneja es el dueño del vehículo. Por eso la identificación del conductor es una garantía fundamental”, apuntó el prestigioso abogado libreño.
Asimismo, sostuvo que las provincias y los municipios deben respetar los principios establecidos por la Ley Nacional de Tránsito, sin alterar procedimientos que afecten derechos constitucionales de los ciudadanos.
Qué hacer ante una fotomulta
Consultado sobre las alternativas que tiene un conductor al recibir una sanción, el doctor “Café” Giménez señaló que cada caso debe analizarse en particular y recomendó buscar asesoramiento profesional cuando existan dudas sobre la legalidad del procedimiento.
También reconoció que muchas personas terminan pagando las multas para evitar demoras en trámites o para poder seguir trabajando, especialmente cuando dependen de la licencia de conducir para desarrollar sus actividades laborales.
“Muchas veces la gente paga porque necesita resolver el problema rápidamente, aunque tenga razones para cuestionar la multa”, remarcó.
Una problemática que sigue generando debate
La discusión sobre las fotomultas continúa abierta en todo el país. Mientras las autoridades sostienen que constituyen una herramienta útil para reducir accidentes y controlar excesos de velocidad, numerosos conductores y especialistas cuestionan la falta de información, las dificultades para ejercer el derecho de defensa y el aparente fin recaudatorio de algunos sistemas de control.
“La seguridad vial es fundamental, pero debe garantizarse respetando siempre los derechos de los ciudadanos”, concluyó el doctor Giménez.
