La Justicia procesó a oficiales y suboficiales del Ejercito, de la Policía del Chaco, de la Alcaidía y de la Cárcel Federal U7 por delitos de lesa humanidad. Están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados contra 23 víctimas. Se ordenó la detención del oficial de la Alcaidía Juan Ramón Rodríguez Valiente y los agentes Ignacio López y Emilio Zarate, de la Policía del Chaco. El resto de los procesados ya se encuentran detenidos cumpliendo diversas condenas.
La jueza federal N°1, Zunilda Niremperger, dispuso el procesamiento de 11 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Chaco como parte de la sistemática del terrorismo de Estado, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas.
La resolución, dictada el 30 de diciembre -último día de actividad judicial-, alcanza al exteniente coronel Aldo Martínez Segon, al exteniente coronel Tadeo Bettolli y al exteniente 1° Alberto Patteta, pertenecientes al Ejército Argentino; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, al exsuboficial mayor Gabino Manader, al exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, al exsargento José Marín y al exagente Emilio Zarate, todos integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Como así también al oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente, al exalcalde y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7, Pablo Cesar Casco, y al agente Ignacio López, de Comunicaciones de la Policía del Chaco.
En los casos de Rodríguez Valiente, López y Zarate se ordenó su detención y prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario; y el resto de los procesados ya se encuentran cumpliendo diversas condenas.
La resolución también decretó la falta de mérito del agente de la Alcaidía policial Humberto Ramón Maidana, y la prescripción de la acción por el fallecimiento en los casos de los imputados Carlos José Sartori -comandante de Gendarmería- y los cabos de Policía Félix Omar Balbuena y Martín Aguilar.
En el proceso, fue apartado por incapacidad sobreviniente el suboficial de la Alcaldía policial Miguel Vitorello, y se encuentra en instancia de Junta Médica el agente de la Dirección de Investigaciones Luciano Cáceres.
Es la quinta investigación judicial donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 a 1977, en la Brigada de Investigaciones -el principal centro clandestino que funcionó en la provincia de Chaco y donde en la actualidad funciona la Casa por la Memoria-, como así también en la Alcaidía policial y en la Cárcel Federal U7.
Las víctimas
En la causa Caballero IV hay 22 víctimas, entre ellas un bebé de 8 meses detenido junto a su madre, 4 hermanas menores, y estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales. Todos ellos con militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, como así también en ligas agrarias y en agrupaciones como la Juventud Peronista, el Peronismo de Base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las víctimas fueron secuestradas en operativos de fuerzas conjuntas del Ejército y de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego fueron llevadas al Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones; y después trasladadas a la Alcaidía policial y a la Cárcel Federal U7.