Muñoz había sido chofer del exvicegobernador de Chaco, Alberto Torresagasti. El Juicio podría realizarse este año.
La Jueza Federal N°1 Zunilda Niremperger elevó a juicio, el pasado 14 de diciembre, la causa por la desaparición forzada del militante de la Juventud Peronista (JP) Humberto Aníbal Muñoz, en la que está imputado el suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, enmarcando los hechos como parte de la sistemática del terrorismo de Estado.
La Fiscalía y las Querellas plantearon que, al estar desaparecida la víctima, debía tratarse en el juicio como acusación alternativa el delito de homicidio triplemente agravado por la alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas.
Muñoz era hijo de Aníbal Muñoz y Anselma Ocampo, una familia de conocidos diarieros que trabajaban en el puerto de Barraqueras. De joven, fue militante de la JP y trabajó como chofer del ex vicegobernador Alberto Torresagasti y de la Cámara de Diputados del Chaco.
El secuestro se produjo en la madrugada del 26 de noviembre de 1976 en la localidad de Barranqueras, en el domicilio en el que Humberto vivía junto a su madre, su esposa y su pequeño hijo.
Habían actuado al menos 4 hombres de civil, con armas largas, siendo reconocidos los suboficiales Gabino Manader y José María Cardozo.
Muñoz fue esposado y subido a uno de los vehículos, que tomaron rumbo a Antequera, siendo la última vez que lo vieron con vida. Fue buscado intensamente por sus familiares en los días siguientes en distintas comisarías de Barranqueras y Resistencia, y en la Dirección de Investigaciones.
Muñoz, por su militancia política en la JP, había sido detenido ilegalmente con anterioridad en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, donde estuvo alojado unos 60 días; y padeció torturas de las cuales le habían quedado secuelas.
El rol protagónico de Manader en el “grupo de tareas”
En el Juicio Caballero 1, llevado adelante en 2010, los Jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia detallaron en la sentencia el destacado papel de Gabino Manader en el “grupo de tareas” de la Brigada de Investigaciones: “…el historial plasmado en su legajo, las constancias de los diferentes sumarios prevenciones, evidencian el nivel de compromiso del acusado dentro del grupo de tareas, ya caracterizado, y explica el mando detentado por Manader en el mismo, e inclusive su grado de iniciativa propia, no obstante el grado jerárquico con el que contaba en la Policía (suboficial). Es indudable el rol protagónico que asumió el imputado Gabino Manader en la tarea emprendida desde la Brigada de Investigaciones”.
El Tribunal también apunto: “…fue nombrado por todos y cada uno de los testigos, se refirieron a él como quien los interrogaba y otros como quien los golpeaba y manejaba la picana eléctrica, quien salía a realizar las detenciones, y, por su personalidad enérgica y autoritaria, era uno de los ideólogos en el trazado de los operativos para lograr llevar a cabo el plan. Fue particularmente cruel e inescrupuloso en el trato a todos los detenidos, y especialmente con las mujeres…”.
Gabino Manader fue condenado en 4 oportunidades en juicios de Lesa Humanidad llevados adelante por el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
En primer lugar, en el Juicio Caballero 1, de 2010, recibió una condena de 25 años por ser responsable de tormentos agravados contra 25 detenidos políticos.
En 2018, en el Juicio Caballero 2, fue condenado a 25 años de prisión por tormentos psíquicos y físicos agravados por la condición de detenidos políticos, y privación Ilegal de la libertad agravada y abuso sexual calificado contra diez víctimas.
En 2021, en la Causa Caballero 3, recibió una condena de 25 años por privación ilegal de la libertad agravada por ser funcionario público, por imposición de tormentos y violación a 22 detenidos por razones políticas, entre ellos 2 niños.
Finalmente, en 2022, en el Juicio Conscriptos, recibió una condena de 14 años por 22 casos de tormentos y privación ilegal de la libertad.
Recientemente, fue procesado en la Causa Caballero 4 por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos contra 8 víctimas, y en la Causa Ligas Agrarias 2 por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos contra los sacerdotes Joaquín Nuñez y Gianfranco Testa.