De parte de la Administración Milei se derogaron 973 normas y se limitará la fiscalización al producto final. El objetivo es reducir costos y agilizar procesos en uno de los sectores clave de las economías regionales.
El Gobierno nacional reformó el esquema de regulación de la industria vitivinícola mediante una resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que concentra ahora sus funciones en el control del producto final.
La medida implica el cese de controles presenciales durante la elaboración y busca “reducir la burocracia acumulada en las últimas décadas”, según explicaron desde el ministerio de desregulación que lidera Federico Sturzenegger.
Según informó la Secretaría de Agricultura junto al Ministerio de Desregulación, la decisión se tomó luego de detectar “excesivos controles y trámites” que afectaban la competitividad del sector. “Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente 5.000 fiscalizaciones presenciales al año”, se indicó.
La resolución 37/2025 formaliza un nuevo marco regulatorio basado en un Digesto Normativo que simplifica el sistema vigente. De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973. “Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia”, señaló el comunicado oficial.
“El INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores”, se agregó. La intervención del Instituto se limitará a verificar la inocuidad del producto terminado, incluyendo las certificaciones exigidas para exportaciones.
“Reducir la burocracia”
El ministro Sturzenegger defendió la medida: “La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo. Dejamos atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”, dijo vía la red X.
Entre las obligaciones eliminadas figuran la Declaración Jurada semanal de elaboración y los permisos de tránsito para mover productos entre bodegas, un procedimiento que generaba una carga administrativa significativa. “Las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto”, según el informe.
Además, dejarán de aplicarse sanciones por presentaciones tardías de declaraciones juradas. El nuevo esquema también convierte en optativas las certificaciones de origen, añada y varietal, aunque se mantendrán las exigidas por mercados internacionales. “El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino”, se aclaró.
La medida, impulsada como parte del plan de simplificación administrativa del Estado, redefine la intervención pública en una actividad considerada estratégica. El comunicado oficial la describe como el fin de “un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático”.
Antecedentes de una discusión prolongada
Desde hace años, productores y cámaras del sector reclamaban por la acumulación normativa y la superposición de controles. Según plantearon desde el Gobierno, este rediseño normativo responde a un “diagnóstico compartido por la industria”.
En este contexto, el Gobierno presentó la reforma como un paso hacia un modelo regulatorio más ágil y alineado con estándares internacionales. Según indicaron, el INV mantendrá sus funciones de control de calidad e inocuidad, pero ya no fiscalizará las etapas intermedias del proceso productivo.
