La polémica medida fue anunciada por la ministra Sandra Pettovello y denunciada por el Sindicato de Empleados de la Ex caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria.
El Gobierno del presidente Javier Milei ordenó en las últimas horas el retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner del edificio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este hecho ocurrió solo un día después de la decisión de anular la jubilación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su pensión.
La acción fue denunciada por el Sindicato de Empleados de la Ex caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, que enmarcó el suceso como un acto cargado de “simbolismo autoritario”.
En un comunicado oficial, el sindicato expresó su rechazo y alertó sobre un presunto “proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica”, acompañado de la erosión de derechos sociales y conquistas populares.
Este episodio no pasó inadvertido para el gremio, que compartió un video en redes sociales donde se observa cómo dos personas retiran la figura de bronce del expresidente.
Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, utilizó su cuenta de X para señalar: “En el día de hoy se retiró el busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de la ANSeS de la avenida Paseo Colón”.
En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se ve cómo los trabajadores intentan subir el busto a una camioneta Traffic blanca. Sin embargo, enfrentaron un imprevisto: la figura no cabía en el vehículo. Este detalle despertó una oleada de críticas y burlas en redes sociales.
Este episodio surge luego de que el Gobierno anunciara la suspensión de la jubilación y pensión vitalicia de Cristina Fernández de Kirchner, a quien horas antes la Justicia le confirmó una condena a 6 años de prisión por corrupción.
Esta decisión fue interpretada por diversos sectores como un golpe directo al legado kirchnerista. Para el oficialismo, estas acciones responden a una intención de “normalizar” los privilegios percibidos por dirigentes políticos; para la oposición y los sindicatos, es un ataque a los derechos adquiridos.