La iniciativa modifica los requisitos para acceder a beneficios por discapacidad. La nueva estrategia del Ejecutivo tras la ratificación en la Justicia de la ley de Emergencia en Discapacidad.
Tal como lo anunció el pasado viernes la mesa política en la Casa Rosada, el Gobierno elevó al Senado un proyecto de ley que deroga la emergencia en Discapacidad y modifica los requisitos para acceder a pensiones del Estado por invalidez.
La nueva estrategia del Ejecutivo consiste en modificar el funcionamiento de todo el sistema de Discapacidad y el acceso a los programas del Estado, en medio de denuncias por la falta de cumplimiento de la ley de Emergencia votada el año pasado por la oposición y ratificada por la Justicia.
En medio del avance de la investigación judicial por las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivó en la eliminación del organismo, el texto ingresó el viernes pasado al Senado.
La iniciativa plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, al redefinir los criterios para acceder a la ayuda estatal.
El proyecto plantea entre otros puntos, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793. En buena parte de esos apartados aplicaba la universalidad de la ayuda, pero el nuevo texto retrotrae el sistema al modelo previo a la sanción de la Emergencia.
El proyecto todavía no tiene fecha de tratamiento en el Senado. De resultar aprobado, sin modificaciones, implicará un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez.
El nuevo sistema establecerá entonces que todos los beneficiarios actuales y nuevos deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Aquellos que no lo hagan verán su beneficio suspendido.
En otro de sus artículos, establece la incompatibilidad del beneficio con un trabajo o empleo: “La Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente”, señala el texto, lo que a su vez, rompe con la ley de inclusión laboral que otorga subsidios del Estado a empresas que tomen un porcentaje de empleados con discapacidad como forma de fomentar su desarrollo e inclusión laboral.
Además, propone un proceso de fiscalización y auditorías de los pedidos de pensión que incluirá el cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
Los fundamentos económicos del nuevo proyecto que deroga la emergencia en Discapacidad
En los considerandos del proyecto, el Ejecutivo remarca la denuncia del exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez en los anteriores gobiernos kirchneristas.
“Entre los años 2003 y 2023 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez otorgadas en el país tuvo un crecimiento exponencial; en efecto, de 76.000 beneficios que existían en el primero de los años mencionados se pasó a aproximadamente 1.200.000 de beneficios en 2023”, señala el proyecto en sus fundamentos.
Y agrega que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados; sospecha que ha sido confirmada a partir de diversas investigaciones realizadas -incluso judiciales- que han detectado una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”.
Con información de A24
