Resulta esencial informar y asesorar a la población sobre sus derechos como consumidores, especialmente en zonas donde el acceso a organismos de defensa es limitado. En su segmento semanal, el abogado abordó estos temas y brindó orientación para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.
En su columna “Consultoría Jurídica”, el doctor Edgar “Café” Giménez abordó el tema de los derechos del consumidor, una cuestión de gran amplitud que afecta a quienes compran productos o adquieren servicios, especialmente en el contexto de la provincia de Corrientes.
“El derecho al consumidor abarca todas las situaciones que enfrentan las personas al comprar bienes o contratar servicios”, apuntó el prestigioso abogado en su segmento semanal en PONELE H Radio-TV. Resaltando que “existen diversas problemáticas”, como las reclamaciones por servicios de internet, energía eléctrica y agua, que requieren un conocimiento adecuado de los derechos y los mecanismos de defensa disponibles.
Un inconveniente recurrente en Corrientes es que los organismos de reclamo están centralizados en la Capital. “Esto obliga a los habitantes del Interior a remitir sus denuncias y pruebas a la oficina correspondiente en la ciudad de Corrientes, lo que puede resultar complicado y traumático”, apuntó Giménez.
Y puso de relieve que, aunque “existen opciones como la videollamada para audiencias, muchas personas desconocen sus derechos o no disponen del tiempo necesario para realizar el reclamo, por lo que sus derechos suelen ser vulnerados”.
Facturación abusiva en servicios esenciales
Según el letrado, uno de los casos más frecuentes es el de “facturaciones desproporcionadas en servicios como agua y energía eléctrica”. Y en sentido puso como ejemplo que “en noviembre y diciembre de 2022, un usuario pagaba alrededor de $4.500 por mes, pero en enero y febrero las facturas ascendieron a $35.000, sin justificación clara por parte de la empresa de servicios.
En estos casos, el consumidor debe recurrir a la Justicia, ya que los organismos de control especializados no resultan accesibles desde el Interior”, sugirió.
Así, explicó que, al presentar la demanda, la Justicia intima a la empresa prestadora de servicios para que explique el motivo del aumento. Si no puede justificarlo, se aplica el artículo 31 de la Ley N°24.240, que presume error en la facturación cuando el monto excede en un 75% lo habitual.
“El juez ordena una nueva facturación proporcional al consumo anterior y suele dictar medidas cautelares para evitar la interrupción del servicio mientras se resuelve el conflicto”, subrayó el doctor Giménez.
Medidores y justificación de las empresas
A renglón seguido, el profesional remarcó que, aunque las empresas pueden argumentar un mayor consumo a través de los medidores, están obligadas a justificar los motivos del aumento. “Si no se detectan pérdidas y el usuario no recibe una solución, se ve obligado a pagar para no perder el servicio, lo que lo pone en una situación límite”, destacó.
Y añadió que tras la intervención judicial “se logra una facturación regular, pero la falta de control previo genera incertidumbre y afecta la economía familiar”.
Muchos consumidores deben destinar recursos de otras necesidades básicas para pagar servicios esenciales, lo que genera contratiempos y, en ocasiones, no reciben compensación si la empresa cometió un error.
En el Interior, según manifestó el doctor “Café” Giménez, la falta de organismos descentralizados de defensa del consumidor deja a las personas libradas a la suerte o a la buena voluntad de abogados locales.
“Es fundamental la creación de organismos gratuitos y accesibles en todas las ciudades para garantizar el control y la defensa de los usuarios, especialmente frente a empresas monopólicas”, subrayó.
La atención al cliente es otro aspecto relevante, ya que en ocasiones las personas son mal atendidas o incluso agredidas. En tal sentido, “la Ley de Defensa del Consumidor ha beneficiado a usuarios en estos casos, siempre que se presenten las pruebas necesarias.
El desafío pendiente de los gobiernos es garantizar la cobertura y el acceso a la defensa del consumidor en todo el territorio provincial”, enfatizó Giménez para concluir.
