El abogado Edgar Giménez puso sobre la mesa un tema tan sensible como fundamental: El derecho a la identidad. Juicios de filiación, ADN y una historia argentina que todavía deja heridas abiertas.
En Argentina, hay derechos que no admiten demora; siendo el derecho a la identidad uno de ellos.
No se negocia, no se relativiza y, sobre todo, no prescribe, según lo explicó el abogado Edgar “Café” Giménez, quien en su columna Consultoría Jurídica, en PONELE H Radio-TV, abordó uno de los temas más profundos del ámbito legal y humano: El juicio de filiación.
Hablar de filiación no es sólo hablar de leyes; sino de historias personales, de vacíos, de preguntas que muchas veces acompañan durante toda la vida. Y también es hablar de un país que carga con antecedentes dolorosos.
Para entender la importancia de estos procesos, Giménez remite a uno de los períodos más oscuros de la Argentina: la dictadura militar, en cuyo transcurso la apropiación ilegal de bebés dejó una marca indeleble.
Muchos de esos niños crecieron sin conocer su verdadera identidad.
Según el profesional del Derecho, ese contexto histórico no sólo explica la existencia de estos juicios, sino que también les da un peso moral y social imposible de ignorar. Hoy, la legislación argentina reconoce la identidad como un derecho constitucional, un derecho personalísimo que garantiza a cada persona la posibilidad de saber quién es y de dónde proviene.
La ciencia al servicio de la verdad
En la actualidad, los avances científicos simplificaron procesos que antes eran largos e inciertos. La prueba de ADN, señaló Giménez, se convirtió en la herramienta central, con un nivel de certeza prácticamente absoluto.
El procedimiento, que debe realizarse en el ámbito de la Justicia de Familia, permite determinar con precisión la paternidad o maternidad. Incluso en casos en los que una de las partes se niega, la ley contempla mecanismos para avanzar y garantizar el derecho de quien busca su identidad.
Pero no todo termina con saber la verdad. En muchos casos, el proceso deja en evidencia algo más, que es la negativa previa a reconocer un vínculo.
Ahí aparece otro aspecto clave del Juicio de Filiación. Cuando se comprueba que hubo una negativa injustificada, la ley prevé indemnizaciones por daño moral.
El letrado hizo hincapié en que no se trata sólo de establecer un apellido, sino de reparar -aunque sea parcialmente- años de silencio, negación o ausencia.
Además, en situaciones que involucran menores, el proceso puede incluir el pago de una cuota alimentaria desde el inicio de la demanda, garantizando así derechos básicos mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Un proceso necesario, aunque duela
Giménez no esquiva un punto central. Estos procesos pueden ser largos, costosos y emocionalmente complejos. Un estudio de ADN, por ejemplo, puede alcanzar valores elevados, aunque el Estado ofrece alternativas en casos donde no se puede afrontar el costo.
Sin embargo, el eje no está en la dificultad del trámite, sino en su importancia. Saber quiénes son los padres, de dónde se viene, cuáles son las raíces, no es un dato más sino una necesidad profunda del ser humano.
Conforme el especialista, hay quienes llegan a estos procesos en la adultez, incluso después de décadas de dudas. Otros lo hacen representados por sus madres siendo aún menores. Cada caso es distinto, pero todos tienen algo en común: la búsqueda de respuestas.
Porque la identidad no es sólo un dato en un documento. Es una construcción que atraviesa la vida entera. Y cuando falta, deja una herida abierta.
Al final, el doctor Giménez dejó en claro que el derecho a la identidad está por encima de cualquier otra discusión. Así lo establece la ley y así lo confirma la experiencia. En un país donde la historia dejó preguntas sin responder, cada juicio de filiación es también un acto de justicia.
No se trata solamente de saber un nombre. Se trata de saber quién se es.
