Sobre ello expuso el doctor “Café” Giménez en su columna semanal, a partir del caso Bruno Martínez. Opinó desde la experiencia profesional y personal sobre las dificultades estructurales y sociales que enfrentan individuos y familias en contextos similares.
La reciente situación de discriminación sufrida por Bruno Martínez, un niño con discapacidad en Paso de los Libres, puso en primer plano la importancia de reflexionar sobre los derechos de las personas con discapacidad y la realidad en la que se desenvuelven cotidianamente.
A eso se abocó el reconocido abogado Edgar “Café” Giménez en su segmento Consultoría Jurídica, en PONELE H Radio-TV, atento a que el caso de Bruno Martínez, ocurrido en un comercio local, generó reacciones de apoyo y solidaridad por parte de buena parte de la ciudadanía libreña, quienes reconocieron la situación particular y se manifestaron en favor de la familia.
Para el doctor Giménez, esta respuesta evidencia una sensibilidad social, pero también pone de manifiesto que la sociedad, en términos generales, aún no está plenamente preparada para comprender y adaptarse a las realidades de las personas con discapacidad. El desconocimiento y la falta de conciencia se reflejan cotidianamente en la vida de quienes atraviesan estas situaciones, especialmente cuando se trata de niños.
Uno de los grandes obstáculos señalados por el profesional del derecho es la falta de adaptación de la infraestructura urbana y de los servicios públicos y privados. Y citó como ejemplos concretos “la carencia de rampas en edificios públicos, incluido el Poder Judicial y el Concejo Deliberante”, así como la ausencia de accesos adecuados en el transporte público, “que muestran que la normativa vigente no se traduce en acciones efectivas”, indicó.
Las leyes existen y son claras en cuanto a los derechos y la protección integral de las personas con discapacidad, pero la falta de implementación real genera que las barreras arquitectónicas y actitudinales sigan presentes.
El rol de la ley y la Justicia
En su exposición, el doctor Giménez puso de relieve que la legislación argentina “contempla, entre otros derechos, la obligación del Estado de garantizar un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y establece beneficios para empresas privadas que las contraten. Sin embargo, la realidad muestra que muchas veces es necesario recurrir a la Justicia para que estos derechos se hagan efectivos.
Las familias suelen enfrentar procesos judiciales para acceder a apoyos en educación o para exigir el cumplimiento de coberturas por parte de las obras sociales, lo cual no debería ser la norma sino la excepción”, subrayó.
A partir de la rápida actuación de la Justicia en el caso de Bruno Martínez, el letrado aclaró que “no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a asesoramiento legal o de iniciar acciones judiciales, especialmente aquellas con menos recursos. Así, la discriminación y la falta de acceso se hacen más evidentes”, remarcó.
No obstante, indicó que el acompañamiento familiar resulta fundamental, pero implica una carga significativa debido a las dificultades recurrentes que se presentan en el entorno social y edilicio.
Además, suelen encontrarse con respuestas inadecuadas por parte de quienes trabajan en atención al público, tanto en el sector privado como en el estatal.
Importancia de la concientización y la capacitación
El doctor “Café” Giménez consideró que la resolución judicial que ordenó una capacitación al personal del comercio donde ocurrió el hecho discriminatorio contra el niño de 6 años representa un “ejemplo de la vía adecuada para enfrentar estos casos”.
Sin embargo, también queda en evidencia que muchas veces las decisiones empresariales buscan desligarse de responsabilidad despidiendo a trabajadores que sólo ejecutan órdenes, en vez de abordar la raíz del problema: la falta de preparación y empatía de la sociedad en su conjunto.
Lo que queda en evidencia es que la realidad cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias en Paso de los Libres, como en muchos otros lugares, está marcada tanto por un marco legal avanzado como por una brecha significativa entre la teoría y la práctica.
La solidaridad social y la concientización ciudadana son fundamentales, pero es indispensable que se traduzcan en acciones concretas y en una verdadera adaptación de la sociedad, tanto desde lo edilicio como desde lo actitudinal. Sólo así se garantizará el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
