Desde la Rural de La Cruz, Fernando Gianelli confirmó que más de 200 reses fueron derivadas a un campo administrado por el INTA. Productores rurales cuestionan la demora judicial que provocó la muerte de varios animales y reclaman la urgente puesta en funcionamiento de la Fiscalía Rural.
Finalmente se concretó el traslado de los animales recuperados en una causa vinculada al abigeato en la localidad de La Cruz; y las más de 200 cabezas de ganado fueron trasladadas el martes a un campo administrado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la zona de Santa María de Aguapey, en jurisdicción de Santo Tomé.
El operativo se realizó luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes autorizara el movimiento del ganado, que permanecía desde hacía casi tres meses en predios de la Sociedad Rural de La Cruz, lo que había generado preocupación entre productores por el estado sanitario de los animales y los costos de mantenimiento.
Fernando Gianelli, presidente de la Rural cruceña, explicó que el traslado se organizó con cuidado para evitar pérdidas durante el viaje. “Por suerte llegaron todos vivos y todos bien. Había animales que estaban muy comprometidos y teníamos miedo de que no llegaran”, indicó entrevistado en PONELE H Radio-TV.
Según detalló, las reses fueron acomodados en los camiones de manera que no se pisotearan entre ellos, una situación frecuente cuando el ganado se encuentra debilitado.
El ganado fue alojado en un campo que actualmente administra el INTA y que años atrás fue recuperado por el Estado en una causa vinculada al narcotráfico. Y allí permanecerán bajo custodia judicial mientras continúa el proceso para determinar la propiedad de los animales.
“Están en un campo del INTA en la zona de Aguapey. Es un predio que el organismo administra hace algunos años”, indicó Gianelli.
Críticas por la demora judicial
El ruralista señaló que la demora en la toma de decisiones provocó situaciones críticas para los animales, que estuvieron meses sin una solución definitiva. Y remarcó que el principal temor de las instituciones rurales es que este tipo de situaciones desincentive la colaboración con la Justicia en casos de abigeato.
“No puede ser que tengamos hacienda tres meses mientras se muere porque nadie decide qué hacer”, cuestionó.
Durante ese tiempo, la Sociedad Rural de La Cruz debió hacerse cargo del cuidado de cerca de 300 animales, lo que generó costos y complicaciones operativas.
El caso volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con una Fiscalía especializada en delitos rurales. Pues, según explican los productores, muchas de las demoras se deben al desconocimiento técnico sobre el manejo del ganado en este tipo de causas.
“Es urgente tener una Fiscalía Rural. No podemos tener funcionarios que no sepan cómo resolver qué hacer con la hacienda”, señaló Fernando Gianelli.
Actualmente ya se habría iniciado el proceso de concurso para cubrir ese cargo, lo que genera expectativas en el sector agropecuario.
Animales sin identificación
Otro de los problemas detectados en el rodeo recuperado es que varios animales no poseen marca ni señal, lo que dificulta determinar su propiedad.
Estos ejemplares, conocidos como “orejanos”, no tienen la marca a fuego ni la señal en la oreja que utilizan los productores para identificar su edad y su origen.
“Hay animales que nunca se van a poder reconocer. La única forma sería con ADN, y eso es prácticamente inviable”, explicó Gianelli.
En ese sentido, la Justicia autorizó recientemente la venta de 12 terneros y una vaquilla sin identificación, ya que no podrían ser reclamados por ningún propietario.
La causa sigue bajo control judicial
Luego del traslado, el ganado continúa aún bajo tutela de la Justicia, por lo que las instituciones rurales no pueden disponer libremente de los animales.
Por el momento, sólo se autorizó la venta de los ejemplares sin identificación, mientras avanza la investigación para determinar la procedencia del resto del rodeo.
