Lo aseguró el doctor “Café” Giménez en PONELE H Radio-TV. Advirtió que en Corrientes los delitos cometidos por menores representan menos del 5% y que la mayoría son robos de menor gravedad.
En su tradicional columna Consultoría Jurídica, en PONELE H Radio-TV, el abogado Edgar “Café” Giménez analizó la entrada en vigencia de la nueva Ley de Imputabilidad para Menores y cuestionó que el Estado avance con sanciones penales sin contar con la infraestructura ni los recursos necesarios.
La nueva normativa comenzó a regir el 5 de septiembre y establece que los adolescentes desde los 14 años pueden ser imputados por delitos.
Según explicó Giménez, la sanción dependerá de la gravedad del hecho y puede incluir desde llamados de atención y tareas comunitarias hasta penas privativas de la libertad. Para los casos más graves, como un homicidio cometido por un adolescente de entre 14 y 17 años, la pena podría alcanzar hasta 15 años de prisión.
Pero, para el letrado libreño el principal problema no está solamente en lo que establece la ley, sino en cómo se aplicará en la práctica.
“Si hoy comete un delito un menor de edad, ¿dónde lo alojan? ¿En qué lugar?”, cuestionó.
Giménez sostuvo que no existen en muchas localidades correntinas las instalaciones adecuadas para alojar a adolescentes sometidos a un proceso penal, y cuestionó que se haya aprobado una legislación sin haber preparado previamente la estructura necesaria.
En Corrientes, los delitos de menores no llegan al 5%
Uno de los puntos centrales del análisis del doctor “Café” Giménez fue la necesidad de evitar generalizaciones.
Conforme señaló, tomando como referencia la realidad de Corrientes, los delitos cometidos por menores no llegan al 5% del total, y dentro de ese universo predominan los robos de menor gravedad.
“Muchas veces ingresaron a una vivienda y se llevaron un ventilador o cualquier otra cosa”, ejemplificó.
Para abogado, utilizar casos extremos de homicidios cometidos por adolescentes para justificar una política general de endurecimiento penal constituye una mirada equivocada. Y fue contundente al cuestionar la idea de que la solución sea simplemente privar de la libertad a los adolescentes.
Consideró que muchos menores que delinquen atraviesan situaciones de marginalidad, pobreza, falta de oportunidades y problemas familiares, y que esas circunstancias también deben ser abordadas.
El encierro no es solución
“No se resuelve la situación de los menores encerrándolos. No se resuelve. Esto no es así. Son niños”, resaltó.
En ese sentido, planteó que el Estado debería concentrarse en mejorar las condiciones sociales, generar oportunidades laborales para las familias y fortalecer las políticas de prevención.
Otro de los cuestionamientos de Giménez apunta al funcionamiento del sistema judicial. Atento a que la nueva legislación contempla la intervención de supervisores especializados, psicólogos, asistentes sociales, médicos forenses y otros profesionales encargados de acompañar y controlar a los adolescentes.
El problema, según explicó, es que muchos de estos organismos ya trabajan con recursos limitados y personal insuficiente. O sea que para él “creaste una nueva ley donde le vas a dar más trabajo al Poder Judicial, pero no cambiaste la estructura”.
También advirtió que los juzgados de familia podrían recibir nuevas responsabilidades, aumentando todavía más la carga de trabajo.
Menores presos vs. menores libres
Giménez evitó circunscribir la discusión a un partido político y responsabilizó a la dirigencia en general por no haber encontrado durante décadas una solución integral al problema.
A su entender, la discusión sobre la delincuencia juvenil no puede reducirse a “menores presos versus menores libres”, sino que debe incluir prevención, educación, inclusión social y acompañamiento familiar.
También cuestionó que se pretenda resolver mediante el encierro una problemática social mucho más profunda.
Sobre el final, el prestigioso abogado remarcó que su postura no surge solamente de una opinión personal, sino de su experiencia profesional.
“No es que opine por opinar. Opino con conocimiento. Son 30 años que tengo en la profesión”, destacó.
Asimismo, reconoció que el tema genera preocupación y sensibilidad social, especialmente entre quienes fueron víctimas de delitos, pero insistió en que una política penal eficaz debe estar acompañada por una estructura estatal capaz de aplicarla y por políticas de prevención que ataquen las causas del problema.
“Es desesperante que una sociedad vaya creando leyes sin tener la estructura y la base necesaria para algo tan sensible como los menores de edad”, resaltó el doctor Giménez.
La nueva ley de imputabilidad ya está vigente, pero, para el columnista de PONELE H, el verdadero debate recién comienza: cómo aplicar la normativa, dónde alojar a los adolescentes, quién los supervisará y, fundamentalmente, qué políticas implementará el Estado para evitar que esos menores lleguen a delinquir.
