Fue rechazado su pase a la Justicia provincial. A pedido de la Fiscalía y Querella el expediente se mantiene con competencia del Fuero Federal, argumentando que no se pueden descartar hipótesis como la trata de personas ni un posible encubrimiento de los actores locales.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes rechazó hoy la excepción de incompetencia planteada por varias defensas en la causa que investiga la sustracción de Loan Danilo Peña; el nene de 10 años que desapareció el 13 de junio de 2024 en la zona rural de Paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio, departamento San Roque, provincia de Corrientes.
En tanto, los padres de Loan se presentarán en Comodoro Py el miércoles 19/11 a partir de las 13,30 horas, luego de que las defensas habían pedido que el expediente volviera a la Justicia Penal ordinaria de Corrientes, alegando que ya no subsiste ninguna hipótesis de trata de personas ni de criminalidad organizada, que fueron las que originalmente motivaron el pase al fuero federal.
Sin embargo, el Tribunal -integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni, con la secretaría de Estefanía Daniela Acosta- resolvió que la causa debe continuar en el Fuero Federal y avanzar hacia el juicio oral, en el marco de un proceso que se encuentra “a las puertas del debate”.
El defensor público oficial Enzo Mario Di Tella, en representación de Bernardino Antonio Benítez, fue el primero en plantear la incompetencia del Fuero Federal, sosteniendo que:
-La investigación concluyó que no existe delito de trata de personas, ni crimen organizado ni delitos contra la integridad sexual.
-El hecho fue finalmente encuadrado solo en la figura de sustracción del menor de diez años (art. 146 CP), delito que -según la defensa- es de competencia ordinaria provincial.
-La competencia federal es excepcional y restrictiva, prevista solo para supuestos taxativamente enumerados en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y en el art. 33 del Código Procesal Penal de la Nación.
Di Tella remarcó que la causa empezó en el Fuero Provincial, bajo una imputación inicial de Abandono de Persona (art. 106 CP) y que luego, por la trascendencia pública y la hipótesis de trata, pasó a la Justicia Federal. Pero una vez descartada esa hipótesis en la instrucción, se entendió que no hay razón para que el caso siga allí.
En la misma línea se pronunció la defensa de Walter Adrián Maciel, a cargo del abogado Richard Iván Vallejos, quien incluso pidió la inconstitucionalidad de una resolución del juez de garantías provincial que había habilitado el traspaso al fuero federal. Sostuvo que:
La instrucción excluyó categóricamente la trata de personas y otras hipótesis federales.
La acusación quedó reducida a un hecho que, según su postura, debería ventilarse en la Justicia ordinaria.
Mantener el caso en el Fuero Federal vulnera el principio de juez natural, competente e imparcial.
También se adhirieron al planteo:
Los defensores de Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar Ramírez.
La defensora de Laudelina Peña, Mónica G. Chirivin.
El defensor de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, Ernesto Tito González, quien recalcó que la sustracción de menores no figura entre los supuestos típicamente federales y que la repercusión mediática del caso no puede ser criterio para fijar competencia.
Todos coincidieron en que no se acreditó la existencia de una organización criminal interjurisdiccional o transnacional, ni la conexidad con otros delitos federales, por lo que reclamar el fuero federal sería -según esa postura- una extensión ilegítima de su alcance.
La querella
En sentido contrario, la querella de los padres y el hermano de Loan -María L. Noguera, José Peña y Mariano Peña-, representada por el abogado Gustavo Alejandro Sánchez, se opuso con fuerza al cambio de fuero y pidió mantener la causa en la justicia federal.
Sus principales argumentos fueron:
-La desaparición de Loan Peña no está resuelta y mientras el niño no aparezca persiste un cuadro que se asemeja a una grave violación de derechos humanos. No se puede descartar la hipótesis de desaparición forzada, en la medida en que hay funcionarios y fuerzas de seguridad provinciales involucrados o cuestionados.
-Volver el caso a la Justicia de Corrientes implicaría, según la querella, exponerlo a la parcialidad de un fuero local “comprometido” con los imputados y con un funcionario policial.
-Se citó jurisprudencia de casos emblemáticos como Julio López y Iván Eladio Torres vs. Argentina, resaltando la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar.
-La querella denunció que la estrategia defensiva apunta a “recortar el objeto procesal” para favorecer la impunidad, minimizar la gravedad institucional del caso y desconocer el rol de agentes estatales. Por eso, reclamó que el fuero federal se mantenga como garantía de imparcialidad, seguridad jurídica y protección efectiva de las víctimas.
La postura del fiscal
El fiscal general ante el Tribunal, Carlos A. Schaefer, también pidió rechazar la excepción de incompetencia y que el caso continúe en el fuero federal.
Por qué el Tribunal decidió seguir con el caso en el fuero federal
Al resolver, el Tribunal Oral Federal de Corrientes destacó varios ejes:
-El hecho que se juzga es la sustracción y ocultamiento de Loan Peña en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, un caso que generó conmoción social y repercusión nacional.
-La causa se inició en el fuero provincial, pero la propia Justicia local resolvió su incompetencia y remitió el expediente al Juzgado Federal de Goya, que realizó la mayor parte de la instrucción.
-En la actualidad, el expediente ya está elevado a juicio, con las pruebas ofrecidas y en condiciones de fijar fecha para el debate oral.
-El Tribunal subrayó que el menor sigue sin ser hallado y que continúan tareas de búsqueda, lo que refuerza la necesidad de una sentencia pronta que brinde una respuesta institucional a la sociedad y a la familia.
También mencionó que, además de la sustracción de menores, en la misma trama procesal se investigan otros delitos, entre ellos:
-Privación ilegítima de la libertad.
-Defraudación a la Administración Pública y encubrimiento.
-Falso testimonio ante la justicia federal.
-Violación de secreto profesional.
-Suministro de estupefacientes a título gratuito.
-Resistencia a la autoridad de fuerzas federales.
-Usurpación de insignias y títulos profesionales.
Frente a este entramado, el TOF sostuvo que no corresponde “escudriñar” la causa para fragmentarla en bloques federales y provinciales, sino que, por la interrelación de los hechos y la comunidad de la prueba, debe haber un solo debate oral que abarque toda la causa.
Competencia, garantías y próximos pasos
En su resolución, el Tribunal remarcó que:
-La competencia federal no puede definirse por presión mediática ni por el clima político, pero tampoco puede ignorarse la gravedad institucional de un caso donde un niño continúa desaparecido.
-La seguridad jurídica y la economía procesal exigen evitar nuevos traslados de fuero cuando el proceso ya está avanzado y faltan pasos decisivos como la fijación de la fecha de juicio.
-Existen personas detenidas que esperan una resolución, por lo que sostener el fuero y avanzar rápidamente hacia el debate oral es también una forma de proteger el derecho de defensa y el plazo razonable.
Con estos fundamentos, el Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió:
-Rechazar el planteo de incompetencia presentado por las defensas.
-Mantener la causa en el fuero federal.
-Continuar el trámite hacia la fijación de la audiencia de debate oral, donde se discutirá la responsabilidad penal de los imputados y se profundizará la búsqueda de verdad sobre qué pasó con LDP/Loan y quiénes son los responsables.
