Al día siguiente de los desmanes en zona del Congreso, después que lo indagaran en el juzgado de María Servini, para el choripanero Matías Ramírez empezó una nueva pesadilla, cuando lo trasladaron junto con otros al penal de Ezeiza, del Servicio Penitenciario Federal.
Matías Ramírez vendía choripanes y gaseosas el día de la movilización contra la Ley Bases junto con un amigo. Había puesto su parrilla en el suelo en Entre Ríos e Yrigoyen, a metros del Congreso.
Conoce el oficio, lo hace siempre, vende en las marchas, en la cancha y en recitales.
En plena tarde, pasadas las 16,30, cuando se desató la represión, apagaron las brasas y empezaron a juntar las cosas para llevarlas al auto, a media cuadra. Estaba al lado del vehículo cuando se convirtió en uno de los 33 detenidos que terminarían acusados por delitos contra el orden constitucional y el agravante de terrorismo.
Al día siguiente, después que lo indagaran en el juzgado de María Servini, empezó una nueva pesadilla, cuando lo trasladaron junto con otros al penal de Ezeiza, del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos? Ese tipo de cosas.
Uno del grupo contestó que sólo peleaba contra la aprobación de la ley, y le metieron un cachetazo. A mí también. Después nos metieron en un pabellón con presos que ya llevan tiempo ahí”, contó Matías al diario Página/12.