La juez de Garantías sustituta de Mercedes estableció la suspensión del juicio a prueba porque los imputados llegaron a un acuerdo con el ICAA. Se trata de los propietarios de una arrocera que colocaron bombas para extraer agua del rio Corriente sin autorización.
La juez de Garantías sustituta de Mercedes, María Eugenia Ballará, aplicó la suspensión del juicio a prueba en una causa donde estaban imputadas cinco personas, productores agropecuarios, que colocaron bombas para extraer agua del río Corriente sin autorización a fin de regar una arrocera.
El Fiscal del caso fue Gerardo Humberto Cabral y el defensor José Roberto Gauna. El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) estuvo representado por Mario Antonio Salvia, asistido por Marcelo Ponce de León.
La audiencia
En la audiencia de suspensión del juicio a prueba los imputados ofrecieron la reparación de los gastos que el ICAA erogó en las inspecciones al establecimiento rural “La Julia”, lugar donde funcionaba una arrocera, la cual no contaba con la autorización para extraer agua del río Corriente.
Asimismo, los imputados deberán realizar tareas comunitarias por el termino de 1 año en la Reserva Natural del Iberá, Portal Sur, Sección Capitá Mini.
También, en la audiencia los imputados reconocieron la existencia de una sanción administrativa por parte del ICAA, la cual se comprometieron a cancelarla para poder obtener autorización para realizar las labores de siembra para el periodo 2024.
