Se trata de uno de los galpones linderos a la terminal de ómnibus de Corrientes, el cual era utilizado como lubricentro y taller de colectivos por particulares. La Justicia cotejó las pruebas presentadas y falló a favor de que se restituya la propiedad al Estado provincial. Analizan qué se hará con una propiedad emplazada en un lugar estratégico de la ciudad.
El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través de la Fiscalía de Estado, recuperó un inmueble de su propiedad usurpado hace más de 30 años en la zona de la terminal de ómnibus de la Capital correntina.
Las acciones estuvieron a cargo de los abogados del Estado, que trabajan bajo las instrucciones del ministro Horacio David Ortega.
El inmueble es un galpón que otrora se utilizara como taller de reparaciones del ferrocarril, en tiempos en que aún funcionaba. Es decir, hasta 1993.
Una vez que entró en desuso, fueron varios quienes usurparon el lugar que le pertenecía al Estado. La propiedad fue cambiando de usurpador, vendiéndose y comprándose a través de documentación apócrifa que simulaba ser la posesión del lugar.
En esta ocasión, quienes ocupaban el lugar manifestaron que habían alquilado la propiedad a un particular que se había presentado como propietario del inmueble, manifestación que se demostró era falsa.
El cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado llevó a cabo las presentaciones judiciales correspondientes, instruidos por Ortega, pidiendo “el desalojo contra todos los ocupantes y/o intrusos y lo que pudieran usurparlo durante el trámite de esta causa respecto del bien inmueble ubicado en la Manzana 618 de la Mensura 4300 U”.
Al realizarse la constatación del inmueble, los diligentes fueron atendidos por una persona que se dio a conocer como Esteban González, quien manifestó que se encuentra en el lugar “hace aproximadamente tres meses, como encargado de un señor de nombre Ricardo; desconociendo su apellido y quién es el poseedor del bien; que sólo sabe que el lugar se ocupa para lavar colectivos y hacer servicios de asistencia mecánica”.
Posteriormente, se hizo la demanda a Ricardo de Jesús Fernández, que por derecho propio y con el patrocinio letrado del abogado Cristian Cesar Pintos, contesta la misma. “Niega los hechos invocados por el actor. Alega ser poseedor de buena fe, de manera pública, pacífica hace más de veinte años. Reconviene por prescripción adquisitiva. Relata que desde que dejó de circular el servicio de trenes (10/03/1993) que hacían el recorrido desde la Ciudad de Corrientes hacia Buenos Aires, ha entrado en posesión del bien, el cual se encontraba en situación de abandono, cubiertos de montes y malezas, particularmente desde enero de 1994”, según testimoniales que constan en el expediente.
“Como actos posesorios relata el mantenimiento del galpón, alambrados perimetrales, colocación de aberturas, realización de mejoras como construcción del piso, pintura en toda la extensión, instalación de una gomería que brindaba servicios a las distintas empresas de transporte de pasajeros y particulares”, indica en otro párrafo del escrito.
No obstante, la Justicia fallo a favor del Estado provincial, ordenando el desalojo de los ocupantes e intrusos y la restitución del mismo a su real propietario.
“Las directrices del Gobernador son muy claras: Velar por los intereses de Corrientes. Es en ese sentido que venimos trabajando. Hemos recuperado una buena cantidad de propiedades que se encontraban usurpadas y las hemos restituidos a las reparticiones que son propietarios de esos inmuebles. No vamos a permitir que se vulneren los derechos del Estado provincial, porque asumimos nuestra obligación con responsabilidad y seriedad”, expresó el fiscal de Estado, Horacio Ortega, que estuvo en el momento en que se procedió al desalojo de los intrusos.
