ECOLOGÍA
Chile aprobó ley para castigar penalmente delitos contra el medioambiente

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el poder legislativo del país e incluye la sanción de los llamados «delitos de cuello y corbata».

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó la ley, por unanimidad, que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medioambiente, que incluye la sanción de los llamados «delitos de cuello y corbata», relacionados con la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Esta nueva reforma del Código Penal Chileno, “tiende a valorar de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales que provocan», sostuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero, tras la aprobación de la ley.

La sanción de la normativa incluye la impugnación de los llamados «delitos de cuello y corbata», relacionados con la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La ley establece cuatro categorías de delitos económicos y el segundo refiere a los delitos que atentan contra el medio ambiente.

Categorías de delitos económicos

Los que atentan contra el Mercado de Valores o los delitos bancarios

Los cometidos en el ejercicio de un cargo o función dentro de una empresa o en beneficio de la misma (como los delitos tributarios o contra el medio ambiente)

Los cometidos por un funcionario público si ha intervenido en él alguien en ejercicio de un cargo o función dentro de una empresa (como la malversación de caudales públicos o el cohecho)

El lavado de activos cuando tenga como base algún delito considerado económico.

Nuevo método de sanción

Bajo el sistema de «días-multa», la ley determinará la pena, su sustitución y la cuantía de la multa. Este método aplica una sanción económica proporcional a la gravedad del delito y se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado. En algunos casos, contempla la sanción penal con cárcel.

Los parlamentarios destacaron en el debate que la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas y un nuevo catálogo de delitos ambientales en un contexto de urgencia ambiental es fundamental. Además, la normativa no solo se aplicará a empresas sino también a personas jurídicas religiosas, partidos políticos y empresas, sociedades y universidades del Estado.

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