POR LA VERDAD
El fiscal Diego Vigay destacó al juicio por la Masacre de Napalpí como referencia para investigaciones similares

La Justicia Federal reconoció la responsabilidad del Estado argentino por los hechos ocurridos el 19 de julio de 1924 en el paraje chaqueño “El Aguará”. Fue en la sentencia del juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí. El fiscal federal Diego Vigay, protagonista de este caso histórico, dialogó con PONELE H.

El pasado 19 de mayo se realizó la última audiencia pública del juicio por la Masacre de Napalpí, en la que se escucharon los alegatos finales y se pudo conocer la sentencia.

La Justicia Federal reconoció la responsabilidad estatal en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a servidumbre, en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqoit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.

“La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes”, indica el fallo.

En la sentencia también se expresaron una serie de medidas reparatorias para las comunidades indígenas que deberán ser implementadas por el gobierno del Chaco y el Estado nacional. La lectura de la sentencia se hizo de manera simultánea en las lenguas qom y moqoit.

El fiscal federal Ad Hoc Diego Vigay, quien fue el responsable de presentar el listado de documentos y testimonios que se adjuntaron a la causa como prueba y que se pudieron conocer durante el juicio por la verdad, dialogó sobre el tema en PONELE H Radio.

Juicio por la verdad

La investigación judicial por la Masacre de Napalpí se inició de oficio en junio de 2014, cuando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco comenzó a recolectar testimonios y documentos sobre la matanza indígena ocurrida en 1924.

En septiembre de 2021, la jueza federal Zunilda Niremperger habilitó la realización de un juicio por la verdad con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos y buscar una reparación histórica para las comunidades indígenas qom y moqoit.

El juicio finalmente comenzó el 19 de abril de 2022 y durante siete audiencias públicas se expusieron documentos y testimonios grabados de sobrevivientes de la masacre. Además, declararon familiares de las víctimas e investigadores pertenecientes a la Universidad Nacional del Nordeste, Conicet y otras universidades del país, y también investigadores indígenas que trabajan hace muchos años en la reconstrucción de la memoria histórica.

El 19 de mayo se conoció la sentencia y fue la jueza federal Zunilda Niremperger, quien detalló la resolución y las medidas que dicta la justicia para una reparación histórica. Previamente, se escucharon los alegatos finales del juicio.

Por la Secretaría de Género y DDHH del Chaco habló Silvana Pérez y el abogado representante Duilio Ramírez; y, por el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) expuso el abogado Emiliano Nuñez.

Los alegatos finales por parte de la Fiscalía Federal estuvieron a cargo del fiscal Federico Carniel, quien señaló que durante el juicio se pudieron comprobar los hechos con las pruebas y los testimonios presentados.

Habló de un plan para llevar adelante la masacre y una maniobra de los tres poderes del Estado para ocultar y negar lo que había ocurrido. “El Estado argentino, a través de todos los funcionarios que participaron, tiene la absoluta responsabilidad en esta masacre”, indicó Carniel.

El fiscal federal Ad Hoc Diego Vigay fue quien presentó el listado de documentos y testimonios que se adjuntaron a la causa como prueba y que se pudieron conocer durante el juicio por la verdad. “La Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado”, señaló.

La sentencia

“Declarar que la “Masacre de Napalpí”, como así aquellos hechos posteriores conforme lo descripto en las consideraciones, son crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”, dice la sentencia “Masacre de Napalpí s/Juicio por la Verdad”, en su Parte Dispositiva.

El texto señala también que se establece “que la presente sentencia constituye por sí misma una forma de reparación”, aunque dispone otras medidas de reparación, en beneficio de las comunidades Qom y Moqoit.

Así, la Justicia Federal ordenó al Equipo Argentino de Antropología Forense que establezca un plan de trabajo para continuar con las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de fosas comunes de las víctimas, debiendo el Estado Nacional proveer los recursos necesarios para su realización. También restituir a la comunidad los restos óseos encontrados, cuya oportunidad y forma será determinada previa consulta a sus integrantes por intermedio de las partes.

Se ordena en tanto, al Ministerio de Educación de la Nación, que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario el estudio de los hechos probados en la presente sentencia.

Al Estado Nacional, que realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit; y que se proyecte el Juicio por la Verdad en la Televisión Pública.

Se dispone además la constitución de un museo y sitio de memoria de la Masacre de Napalpí, y la conformación de un Reservorio y Archivo Digital de todos los documentos de la investigación.

Se ordena al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia del Chaco que incorpore a la instrucción y capacitación de las fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

En la sentencia, se exhorta además al Estado Nacional a la implementación de un Plan de Políticas Públicas concretas de Reparación Histórica a los pueblos Qom y Moqoit y a fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales, todo ello con la consulta previa a las Comunidades.

A la creación de espacios de investigación para que los docentes e investigadores indígenas puedan desarrollar investigaciones sobre la historia de los pueblos indígenas y generar material de estudio y difusión sobre la temática.

A hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en relación al cambio de nombre de la Comunidad de Colonia Aborigen, la que deberá realizarse previa consulta y a resultas de la misma, por intermedio del Instituto del Aborigen Chaqueño. Y al Congreso de la Nación se exhorta a la determinación del día 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí.

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