La Cámara Federal confirmó el procesamiento de 11 oficiales y suboficiales del Ejército, de la Policía del Chaco, de la Alcaidía y la Cárcel Federal U7 por delitos de lesa humanidad. Están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados contra 23 víctimas.
Mediante una resolución del pasado 12 de mayo, las juezas de la Cámara Federal de Resistencia (Chao), Rocío Alcalá y Patricia García, confirmaron el procesamiento de 11 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia como parte de la sistemática del terrorismo de estado, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas.
Los hechos ocurrieron entre los años 1974 y 1979 en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7.
El procesamiento confirmado alcanza al exteniente coronel Aldo Martínez Segon; al exteniente coronel Tadeo Bettolli y al exteniente primero Alberto Patteta, pertenecientes al Ejército Argentino.
Además, están procesados el excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente; el exsuboficial mayor Gabino Manader; el exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra; el exsargento José Marín y el exagente Emilio Zarate, todos integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Y también están imputados el oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente; el exalcaide y jefe de guardia de la Cárcel Federal U7 Pablo César Casco; y el agente Ignacio López, de Comunicaciones de la Policía del Chaco.
Finalmente, la resolución recibió la apelación de la Unidad de DDHH de la Fiscalía Federal y de las querellas de las Secretarías de DDHH de la Provincia y de la Nación; revocando las faltas de mérito de los imputados Ignacio López y Humberto Maidana, y ordenado el dictado de una nueva resolución.
Los fundamentos del fallo
En la Resolución, las magistradas Alcalá y García hacen un amplio análisis de todos los casos e imputaciones, refiriendo que “adquieren singular importancia las declaraciones de los testigos directos y víctimas, quienes fueron protagonistas de los sucesos, sin perjuicio de su confrontación con otras declaraciones obrantes y con documentación que ilustra sobre la modalidad represiva imperante en la época”.
En otro tramo del fallo, las juezas expresan que “los dichos de las victimas resultan contundentes y verosímiles en lo que respecta a las condiciones de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía provincial, la identificación y el estado físico de los detenidos, los tratos recibidos y, especialmente, la individualización de los presuntos responsables”.
Más adelante, ambas camaristas analizan que “de tales relatos puede colegirse el modus operandi de algunos funcionarios policiales y militares intervinientes, quienes ejecutaban procedimientos violentos como parte de un plan sistemático dirigido a la población civil a efectos de obtener información respecto de otros objetivos, lo que permite encuadrar jurídicamente sus conductas dentro de los tipos penales atribuidos, considerados como delitos de lesa humanidad”.
Las víctimas
En la causa Caballero IV hay 23 víctimas, entre ellas un bebé de 8 meses detenido junto a su madre, 4 hermanas menores y estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, todos ellos con militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, como así también en Ligas Agrarias y en agrupaciones como la Juventud Peronista, el Peronismo de Base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las víctimas fueron secuestradas en operativos de fuerzas conjuntas del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, y luego fueron llevadas al Centro Clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones y, después, trasladadas a la Alcaidía policial y a la Cárcel Federal U7.