Desde la Agencia Nacional de Discapacidad se indicó que la medida afectará a poco menos de la mitad de los beneficiarios registrados que “no cumplirían” con los requisitos mínimos para acceder a la asistencia estatal.

En medio de la cruzada de Javier Milei para achicar el déficit fiscal, el Gobierno anunció que eliminará más de 120.000 pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de depurar el sistema y eliminar presuntas irregularidades detectadas en la concesión de estos beneficios.

La decisión surgió a partir de un profundo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde el organismo, a cargo de Diego Spagnuolo, se indicó que la medida afectará a poco menos de la mitad de los beneficiarios registrados que “no cumplirían” con los requisitos mínimos para acceder a la asistencia estatal.

Se estima que entre 120.000 y 160.000 pensiones podrían ser suspendidas en los próximos meses, en una medida que no solo busca asegurar que solo aquellos que necesiten el apoyo continúen recibiéndolo sino también esclarecer los casos que presentan irregularidades, como aquellos que tengan bienes no declarados, empleo formal o documentación sospechosa.

La decisión, en tanto, forma parte de la intención del Gobierno de sostener el superávit a partir de la depuración y reducción de pagos de prestaciones a la seguridad social, lo que significó el grueso del ajuste implementado por el presidente Milei desde que asumió en diciembre pasado.

 

Detalles del anuncio sobre las pensiones por invalidez laboral

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en colaboración con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, comenzó una exhaustiva revisión de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. El proceso, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está extendiendo a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Las auditorías revelaron que entre el 30% y el 40% de los casos revisados podrían resultar en la suspensión de los beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estas pensiones representan el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina, y su revisión se intensificó en los últimos meses debido a la detección de irregularidades, según trascendió.